¿Qué pasará ahora? Un calendario lleno de incertidumbres

El pulso de la Generalitat con la declaración de independencia redobla la confrontación institucional

21.10.2017 | 01:21
¿Qué pasará ahora? Un calendario lleno de incertidumbres

La última respuesta de Puigdemont al requerimiento de Rajoy eleva al máximo el alcance de la crisis política e institucional por el desafío a la legalidad del Gobierno catalán y abre un nuevo capítulo de consecuencias imprevisibles.

En una nueva carta, más corta que la anterior, el presidente de la Generalitat vuelve a pedir diálogo al Gobierno central y amenaza con votar la independencia en el Parlament si no lo consigue.Tras esta respuesta, el calendario es imprevisible.

El Consejo de Ministros dará luz verde en su reunión de este sábado al artículo 155 de la Constitución, un recurso que permitiría al Ejecutivo intervenir la autonomía y que nunca hasta ahora había sido aplicado. Antes de ejecutarse, en todo caso, deberá ser votado por el Senado, en un pleno que se celebrará el próximo 27 de octubre.

Mientras tanto, por el otro lado, el Govern de la Generalitat pretende poner en marcha la Ley de Transitoriedad aprobada por el Parlamento de Cataluña y suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que prolongaría el camino del Ejecutivo autonómico al margen de la ley en un calendario plagado de incertidumbres.

El plan del Gobierno catalán

La Ley de Transitoriedad no establece plazos concretos para su ejecución, pero prevé unas elecciones "constituyentes" en un plazo de seis meses desde el referéndum de independencia. Esos comicios servirían para conformar el parlamento que elaboraría una hipotética Constitución catalana.

Mientras tanto, el Govern no ha aclarado cómo piensa afrontar una posible intervención de la autonomía o si planea movilizaciones masivas como en las jornadas del 1-O o el 3-O para tratar de frenar la actuación del Gobierno de Rajoy y de la justicia.

En todo caso, la Generalitat quiere que Cataluña se rija por esa ley temporal, que recoge entre otras las siguientes cuestiones:

-La Administración. La Administración de la Generalitat sucederá a la del Estado en territorio catalán. El personal del Estado se integraría en la nueva administración pública.

-Doble nacionalidad. Todos los catalanes empadronados en un municipio catalán antes del 31 de diciembre de 2016 y aquellos que se hubieran empadronado desde el 1 de enero de 2017 y cumplan dos años en esta situación tendrán automáticamente la "nacionalidad catalana" y la nacionalidad española. También podrán la podrán tener los españoles nacidos en Cataluña, los hijos de padre o madre con nacionalidad catalana o menores adoptados tras la entrada en vigor de la ley con padre o madre catalanes. También podrán adquirirla aquellos que hayan residido legalmente durante los últimos cinco años en Cataluña.

-Vigencia de las leyes. Las leyes de carácter local, autonómico y estatal que no contravengan la ley de transitoriedad y las leyes posteriores catalanas seguirían aplicándose. También seguirían vigentes las leyes europeas y los tratados internacionales.

-Justicia. La Audiencia Nacional ya no tendrá competencia en territorio catalán y el TSJ de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo de Cataluña. Además, el fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament y no por el Govern. Los jueces, magistrados, letrados y fiscales no seguirán en su cargo si no aceptan esta ley. Se crearán una Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 8una especie de CGPJ) y una Comisión Mixta de Supremo y Govern.

Los tribunales catalanes podrán archivar o anular "los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta". Eso supondría la amnistía para el expresidente Artur Mas y el cierre de las causas abiertas a otros cargos.

-Ejército. El Ejército español dejaría de tener jurisdicción en Cataluña y debería abandonar el territorio.

El pleno en el Senado, el 30 o 31 de octubre

La "amenaza" de declaración de independencia precipita la aplicación por el Gobierno del artículo 155, previa aprobación en el Consejo de Ministros de este sábado y tras su votación en el Senado.

Después de la activación de la medida en La Moncloa, la Cámara Alta tratará y votará el recurso al artículo.

La decisión del Gobierno de celebrar el sábado próximo un Consejo de Ministros extraordinario en el que aprobará las medidas para Cataluña que propondrá al Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución, obligará a la Cámara Alta a retrasar el pleno para su convalidación al 30 o 31 de octubre.

Fuentes de la institución presidida por Pío García-Escudero han reconocido a EFE que el calendario que hasta ahora manejaba la Cámara preveía esa sesión plenaria para el viernes 27 de octubre, pero siempre bajo el supuesto de que el Consejo de Ministros se reuniera hoy mismo. Al hacerlo el próximo sábado, dos días más tarde, se hace casi imposible cumplir la previsión inicial.

Y ello porque, antes de que el Pleno del Senado debata y vote las medidas, la propuesta tiene que pasar por una comisión parlamentaria, siguiendo una tramitación regulada en el artículo 189 del Reglamento en la que no hay plazos prefijados, de manera que se puede agilizar o retrasar según convenga.

Sin embargo, la celebración de sesión plenaria ordinaria la semana próxima, de martes a miércoles, complica la agenda, dado que una comisión no puede reunirse mientras haya pleno.

Una vez que este sábado, 21 de octubre, el Consejo de Ministros apruebe las medidas, serán remitidas al Senado que tendrá que reunir a su Mesa -presidida por García-Escudero e integrada por PP, PSOE y PNV- para la pertinente calificación del escrito y la fijación del procedimiento para tramitarlo.

Todavía no está decidido, según han explicado las fuentes, cuándo se convocará esta Mesa, el mismo sábado 21 o el lunes 23.

La reunión de la Mesa es importante porque este órgano, donde el PP tiene la misma mayoría absoluta que cuenta en el hemiciclo, se encargará de determinar si se da curso a las propuestas a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas o mediante una comisión conjunta integrada por senadores de las comisiones afectadas.

Tanto fuentes gubernamentales como del PP dan por hecho que se elegirá la segunda opción, dado que su funcionamiento será mucho más ágil que en la otra. En la Comisión General pueden intervenir todos los presidentes autonómicos que quieran, además de los portavoces de los grupos parlamentarios y los de los grupos territoriales.

Del alcance de las medidas que plantee el Ejecutivo dependerá de cómo será la composición de esta comisión conjunta "ad hoc", integrada al menos por senadores de la Comisión Constitucional que preside el expresidente de la Cámara Juan José Lucas. La comisión tendrá que reunirse como mínimo en dos ocasiones.

Una para, según dice el artículo 189.3 del Reglamento, requerir al presidente de la comunidad afectada, en este caso Carles Puigdemont, a fin de que "en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos".

Es decir, que además de enviar la documentación que crea conveniente para sus alegaciones, Puigdemont podrá acudir al Senado a defender su postura, bien en persona o mediante la persona que él determine.

Será entonces cuando se reúna por segunda vez la comisión conjunta, y, tras recabar documentos y testimonios, podrá ya formular una "propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas", tal y como señala el Reglamento.

Ello significa que el Senado podría cambiar las medidas acordadas por el Ejecutivo, al menos en teoría, porque en esta Cámara el PP no necesita del apoyo de ninguna otra formación para sacarlas adelante al contar con mayoría absoluta.

Esa misma mayoría le garantiza que serán aprobadas sin problemas en la sesión plenaria posterior que debatirá la propuesta procedente de la comisión y que, según establece el artículo 155 de la Constitución, requieren mayoría absoluta para poder aplicarse.

No obstante, el PP ha dejado claro que quiere contar con el mayor consenso posible a la hora de convalidar las medidas con las que el Gobierno quiere responder al desafío soberanista catalán mediante un artículo de la Carta Magna nunca antes puesto en práctica y de tramitación inédita en la Cámara Alta.

Los votos del grupo popular, del socialista y de Ciudadanos reunirían como mínimo de 214 senadores a favor de los 266 que conforman el Senado.

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