Tras la consulta sobre la secesión catalana La crónica

Rajoy tomará el poder en Cataluña

Puigdemont será destituido junto a su Gobierno y habrá intervención en Economía, los Mossos y la TV pública catalana - Las medidas durarán seis meses, que acabarán con elecciones

22.10.2017 | 11:44
Mariano Rajoy expone a los periodistas las medidas aprobadas, con todos sus ministros sentados en primera fila.

Las medidas del 155

  • Destitución del Govern. “Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña... El cese implicará la sustitución en el ejercicio de todas sus funciones, que pasarán a los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno”
  • Elecciones en seis meses. “La competencia del presidente de la Generalitat para decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña y para la convocatoria de elecciones autonómicas (...) corresponderá al presidente del Gobierno de la nación. En todo caso, esta última competencia deberá ejercitarse en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación por el Senado de estas medidas”
  • Intervención de los Mossos. Quedarán a las órdenes de quien designe el Gobierno. “En el caso de que sea necesario, los Mossos d’Esquadra serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”
  • Intervención económica. El Gobierno asumirá “las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”
  • Telecomunicaciones y TV autonómica. El Ejecutivo central asumirá el control de las telecomunicaciones y servicios digitales. También se hará cargo de la televisión pública catalana para “garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural”
  • Limitaciones al Parlament. “El presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento celebrar debate y votación de investidura” mientras estén vigentes las medidas. La Cámara no podrá controlar a quienes el Ejecutivo ponga al frente de los distintos departamentos de la Generalitat. Se limitan los asuntos que pueden abordar los parlamentarios y no se podrá “tramitar iniciativas que resulten contrarias” a las medidas del Gobierno. Las propuestas parlamentarias deberán ponerse en conocimiento de quien designe el Ejecutivo, que tiene 30 días para bloquearlas

El presidente catalán Carles Puigdemont y sus consejeros cesarán en sus cargos el viernes de la próxima semana una vez que el Senado apruebe las medidas de intervención en la comunidad autónoma acordadas ayer por el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria. El Ejecutivo, con el respaldo del PSOE y Ciudadanos, recurre a una facultad excepcional de la Carta Magna, que nunca antes llegó a activarse, ante lo que considera, en términos de la doctrina del Tribunal Constitucional, un "incumplimiento, manifiesto y contumaz" del Govern catalán de los requerimientos para que renuncie a sus pretensiones secesionistas.

El Senado comenzó ayer mismo la tramitación de las disposiciones del Gobierno en aplicación del artículo 155, que entraría en vigor tras la aprobación por el pleno de la Cámara Alta, previsiblemente el viernes próximo. Puigdemont y sus consejeros quedarían destituidos, la Generalitat se reduciría a su vertiente administrativa y al frente de cada departamento habría un responsable designado por el Ejecutivo central. Los efectos más directos de la intervención recaerían sobre el área económica del Govern, ya parcialmente bajo control de Hacienda desde que se negó a entregar informes de gasto semanales. La seguridad ciudadana y el orden público quedará también bajo control directo del Gobierno, que prevé ya el relevo del máximo responsable del cuerpo, el mayor Josep Lluìs Trapero.

Entre lo que el acuerdo del Consejo de Ministros denomina "medidas singulares" figura también la asunción de las telecomunicaciones catalanas y la televisión pública para "garantizar la información veraz y objetiva".

El Parlamento catalán y su presidenta verán recortadas sus atribuciones y sólo podrá abordar asuntos relativos a la administración ordinaria.

El presidente Rajoy presentó ayer, arropado pos sus ministros, el conjunto de actuaciones que ahora se someterán a una comisión del Senado, ante la que será llamado a comparecer y presentar alegaciones el todavía presidente Puigdemont o la persona que designe.

La comisión, integrada por 27 senadores y con presencia de todas las formaciones de la Cámara Alta, elevará un dictamen al pleno, que se someterá a votación el viernes próximo. Una vez aprobado, comenzará a correr el periodo máximo de seis meses durante los que estarán en vigor las medidas propuesta por el Gobierno.

Disolución del Parlament

Agotado ese plazo, aunque ayer dejó la puerta abierta a que pueda ser antes, el presidente Rajoy asumiría en persona la competencia de disolver el Parlamento catalán y de convocar elecciones autonómicas.

Después se abre un período de interinidad impuesto por los plazos para la celebración de los comicios y la investidura posterior. De agotarse ese calendario, los catalanes serían llamados a las urnas en junio. El Gobierno dará cuenta al Senado cada dos meses de la aplicación de las medidas.

El jefe del Ejecutivo eludió pronunciarse sobre posibles cambios derivados de la respuesta soberanista a estas medidas y apuntó que ahora es el Senado el que tiene la última palabra sobre la intervención en Cataluña.

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