Un prestigio dilapidado

26.10.2017 | 01:39
Un prestigio dilapidado

El prestigio es una cualidad que evalúa la calidad de una persona o colectivo a lo largo del tiempo. Tener prestigio eleva la consideración hacia ese sujeto teniendo en cuenta que sus acciones son escrutadas permanentemente. Por eso el prestigio se gana paulatinamente y se puede perder en unos instantes.

La Guardia Civil es un cuerpo policial cuya labor ha sido constantemente juzgada, ya sea por su primitiva labor rural, ya por su encaje político, ya por su actividad investigadora. Pudo y puede ser ensalzada por sus operaciones anticorrupción o denostada por sus métodos. No ha sido vista de igual manera por el mundo rural que por el urbano, diferentemente considerada en tiempos de las dictaduras como en épocas democráticas. Al mismo tiempo sigue siendo controvertido su estatus de cuerpo militar o no. Lo que si parece tener acreditado es su lealtad a la legalidad vigente. Y así, fue repetidamente el último de los cuerpos de las fuerzas de seguridad en seguir a los golpistas en los levantamientos contra la legalidad establecida por las leyes del Estado. Un prestigio difícil de ganar en periodos convulsos.

Bien pues en estos tiempos emocionales que vivimos el prestigio de la Guardia Civil ha sido dilapidado por un poder político que no se ha atrevido a actuar en su campo, el político. En vez de enfrentarse con los acontecimientos provocados por su proceder, en vez de intentar políticamente resolver la controversia pública, el Gobierno del Partido Popular ha lanzado a la benemérita institución contra la disidencia ilegal, contra la sublevación política de una parte de los representantes de una comunidad. Y las órdenes recibidas por este cuerpo policial fueron tajantes, sabiendo de su lealtad a la legalidad vigente, mientras el poder político permanecía en sus cómodos despachos tras un largo y fragante periodo de inacción sin ejercer la labor pública.

Y la provocación de unos pocos exaltados ha propiciado el desprestigio de todo un cuerpo. Lo dice quien ha "militado" en el tercio y en el contexto en el que entre algunas instituciones castrenses existe una rivalidad argumentada en un falso ardor guerrero. O dicho de otro modo, el Gobierno del Partido Popular ha enviado a reprimir la rebelión de una parte de los políticos catalanes a miles de guardias civiles conociendo su lealtad a las leyes. El problema ha sido que su actuación, en casos puntuales, fue más contundente de lo establecido por la ética democrática, sobrepasando el "margen de discrecionalidad que han de tener los agentes", dicho por una fuente del ámbito judicial.

La ineptitud del gobernante, la animosidad de una fiscalía reprobada, unida a la tibieza del resto de las fuerzas políticas, han condenado a un cuerpo con un creciente prestigio, adquirido últimamente por sus investigaciones anticorrupción, a ser denostado dentro y fuera de nuestras fronteras. Lo que han aprovechado las asociaciones independentistas para estimular la fobia a unos agentes que cumplían órdenes de los estamentos judiciales. Un descalabro dificilísimo de recuperar porque la situación ha sido desbordada tras los escraches realizados por grupos incontrolados ante los alojamientos de los agentes desplazados a la zona por un Gobierno central que nunca ha controlado el problema.

La irresponsable hipocresía de unos gobernantes, la debilidad y división de una oposición que es incapaz de presentar una alternativa, la estrategia de unas fuerzas autonómicas preparadas con un estricto guión, han provocado el descalabro de una institución que, a pesar de algunos de sus infaustos mandos dirigentes, ha cimentado su prestigio en el cumplimiento de la legalidad.

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