El fiscal cita de urgencia a Puigdemont y el Govern, imputados por rebelión y sedición

Maza insta su arresto si no comparecen, les impone una fianza de seis millones y los acusa de alentar "una insurrección" y un "levantamiento violento"

31.10.2017 | 02:32

Rebelión, sedición y malversación. La Fiscalía General del Estado presentó ayer una doble querella por estos tres delitos, castigados con hasta 30 años de cárcel, contra los rectores del procés, en la que se retrotrae hasta el pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre en el que fueron aprobadas la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica para acusarles de alentar "una insurrección" y "un levantamiento violento".

La Fiscalía dirige la primera querella, presentada ante la Audiencia Nacional, contra todo el Govern destituido el pasado viernes: el expresident Carles Puigdemont y 13 exconsejeros. En la segunda, por los mismos tres delitos pero ante Supremo, procede contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia del pasado viernes. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reclama a los veinte querellados una fianza solidaria de 6 millones, insta a su citación "urgente" e interesa su "inmediata detención" si no comparecen.

En las querellas, Maza hace un pormenorizado relato de los hechos presuntamente delictivos cometidos por el Govern.

Acusa a los querellados de alentar "una insurrección" y "un levantamiento violento" a fin de celebrar el referéndum del 1-O y alcanzar la independencia. Hechos que, según Maza, constituyen un delito de rebelión, penado con hasta 30 años, aunque no se hayan esgrimido armas, ni haya habido combates ni actos de violencia graves. Y si no fuera rebelión, sería, "cuanto menos", sedición, castigado con hasta 15 años.

Para la Fiscalía General, la resolución de los querellados de cometer el delito fue "firme", pues "procuraron la movilización social, el apoyo de la policía autonómica, el control del presupuesto necesario y la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público". Maza asegura que los querellados no buscaban sólo el apoyo ciudadano para llevar a cabo su proyecto independentista, sino que, a través de las entidades soberanistas, realizaron llamamientos a la movilización popular "como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista".

Cree además que los denunciados "sabían que en un eventual referéndum ilegal solo participarían, mayoritariamente, los partidarios de la independencia", y utilizaron "la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población".

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