Malotes de buen corazón

04.11.2017 | 01:12
Malotes de buen corazón

Recuerdo un texto del joven -pero ya no tanto- Amador Fernández Savater en los días de las manifestaciones y contramanifestaciones del pasado octubre en Barcelona. Era un texto que no carecía de inteligencia interpretativa, pero cuando parecía que toda la argumentación transcurría por el sendero de lo inteligible, el ensayista se metía en una sorprendente hermenéutica de las banderas. Las esteladas representaban una ilusión fundacional, un anhelo de libertad, un entusiasmo por un proyecto político orgulloso, transversal y solidario. La bandera española -un par de párrafos más tarde- simbolizaba el miedo por la transformación del status quo, la resignación temerosa a la mediocridad continuista, puro conservadurismo más o menos acomplejado o desafiante. Hay mucha gente progresista a la que le ocurre lo mismo. Vale, de acuerdo, Puigdemont y su gobierno -puede que incluso las organizaciones que estructuraron y dirigían los Jordi- cometieron delitos, en fin, delitos graves incluso, pero mandar al talego a medio gobierno catalán -incluido Oriol Junqueras- es desproporcionado, es temerario, no soluciona nada y/o es más propio de un régimen autoritario que de una democracia europea.

Será absolutamente inútil explicar que los autos de la juez de la Audiencia Nacional no pretenden hallar en el código penal una solución política a la situación de Cataluña. Eso es, precisamente, lo que en todo caso la invalidaría como magistrada. Carmen Lamela se limita a sus labores de juez de instrucción aplicando la ley como mejor puede y sabe. Ha respetado escrupulosamente las normas procedimentales y ha motivado las actuaciones que ha adoptado en todos sus autos -otra cosa, en efecto, es que puedan ser discutibles-. Ese retrato grotesco en el que una juez se emperretada en acabar con el independentismo catalán entalegando al Govern suspendido solo intenta retóricamente poner en segundo término, hasta difuminarlas, las gravísimas responsabilidades en las que incurrió el Ejecutivo que, al menos indiciariamente, tienen toda la apariencia de una estrategia planificada para alcanzar la secesión de un territorio pisoteando la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En busca de la sospecha -porque algo hay que encontrar para relativizar lo ocurrido- periodistas como Ignacio Escolar han insistido en que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar a Puigdemont y compañía. Bueno, en relación a esta última trinchera del criticismo y del dolorido certificado de progresía -han sido malotes, los consejeros secesionistas, oh, sin duda malotes de verdad, pero tienen buen corazón- por ser sintéticos:

a) La Audiencia Nacional todavía no está juzgando a nadie y el Tribunal Supremo podría terminar asumiendo todos los procedimientos.

b) La juez Lamela ha precisado que no todos los delitos de sedición son competencia de la Audiencia Nacional, sino únicamente aquellos que, además de atentar contra los bienes jurídicos protegidos que le son propios, puedan suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno que persigue cambiar ilegalmente la organización del Estado, como estima la magistrado que ha ocurrido.

c) Los investigados y ahora detenidos -tienen que agradecerles a su president que recaiga sobre ellos la fundada sospecha de riesgo de fuga- mantienen todos sus derechos legales intactos. Es sorprendente la ocurrencia escolariense sobre el malvado propósito que se oculta "trasladando el caso" a la Audiencia y no tratándolo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, "que es lo que le corresponde porque son aforados". Pues no. Depende del delito, de la responsabilidad y de su ámbito. Escolar debería recordar el caso de Felipe González y los GAL, porque lo saca de vez en cuando de su cuarto trastero ideológico. González terminó por declarar como testigo al Tribunal Supremo, pero durante más de dos años, todavía en la Presidencia del Gobierno, se especuló sobre su imputación. En ese caso hubiera bastado que prosperase un suplicatorio al Congreso de los Diputados, sin la intervención de Tribunal Superior de Justicia alguno. Por cierto, entre sus derechos, los detenidos provisionalmente conservan el de poder presentarse y ser elegidos en las elecciones autonómicas del próximo mes. Porque, al parecer, resulta necesario recordar que los catalanes están convocados a unas elecciones autonómicas para dentro de apenas mes y medio.

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