El proceso al secesionismo catalán

El fiscal quiere que los exconsejeros sigan en prisión y el juez decidirá el lunes

Los miembros del antiguo Govern asumen, como Cuixart y Sànchez, el 155 para dejar la cárcel, pero Junqueras rechaza contestar al Ministerio público

02.12.2017 | 01:19
Arriba, uno de los furgones policiales en los que fueron trasladados los exconsejeros; sobre estas líneas Artur Mas a su llegada al Supremo.

Los ocho antiguos miembros del Govern catalán pasarán al menos el fin de semana en prisión, al igual que Jordi Sànchez, presidente de la ANC y Jordi Cuixart, la cabeza de Ómnium Cultural. Todos ellos comparecieron ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para manifestar sus acatamiento, aunque por "imperativo legal" en algunos casos, de la intervención de la Generalitat con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y su disposición a que su futura acción política se desarrolle dentro de la legalidad. El magistrado pospondrá hasta el lunes la decisión sobre su excarcelación, aunque la Fiscalía solicita su continuidad en prisión.

La de ayer era la primera comparecencia, a petición propia, de los diez encarcelados ante el juez Llarena desde que el magistrado del Supremo asumió toda las causas relacionadas con el proceso catalán, incluidas las iniciadas en la Audiencia Nacional. Los ocho miembros del Ejecutivo depuesto llegaron al Supremo procedentes, los exconsejeros, de la cárcel de Estremera, mientras que las exconsejeras Dolors Bassa y Meritxell Borrás fueron trasladadas desde Alcalá de Henares, donde permanecen desde hace casi un mes. Todos ellos están investigados por los delitos de rebelión, secesión y malversación de fondos públicos. Desde la prisión de Soto del Real fueron llevados al Supremo Sànchez y Cuixart, a quienes se les imputa un delito de sedición. En su caso, el tiempo de permanencia en prisión se acerca ya a los dos meses. Desde Bruselas, a hora temprana, el expresidente Puigdemont instaba a los comparecientes a hacer "lo que haga falta para salir" de la cárcel.

El primero al que llamó el juez fue el exvicepresidente Oriol Junqueras, quien pese a la nueva estrategia de defensa rechazó contestar a la preguntas del fiscal, lo mismo que haría después el exconselller Raül Romeva, circunstancia que podría complicar su salida de la cárcel. Junqueras, según fuentes judiciales citadas por Efe, asumió la aplicación del artículo 155 por "imperativo legal" sin renunciar a la defensa de la independencia aunque comprometiéndose a trabajar en favor de ella por los cauces legales. En comparecencias que se prolongaron entre diez y veinte minutos, el resto de los consellers sí respondió al fiscal. Bassa contestó a gran parte de sus preguntas; Borrás y Forn a todas; Mundó a algunas; y Rull y Turull a todas las cuestiones formuladas excepto a las planteadas por la acusación ejercida por VOX, cuya personación en la causa fue admitida ayer.

En unos u otros términos, todos los comparecientes acataron la Constitución, aunque con matizaciones sobre la posibilidad de reformarla para incluir el derecho a decidir. La única que reconoció errores en el referéndum del 1 de octubre fue Dolors Bassa, quien también admitió la inconstitucionalidad de la secesión. El exconseller de Interior Joaquim Forn aseguró que revisaba su estrategia política por entender que debe hacer autocrítica.

Tras las declaraciones el magistrado consultó a las acusaciones sobre si consideran que debe cambiar la situación personal de los imputados. La clave sobre la que girará la decisión del juez Llarena es la consideración de si existe o no riesgo de fuga y, sobre todo, de reiteración delictiva. Para Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, y Jaime Moreno, fiscal de Sala, los representantes del ministerio público en los interrogatorios es evidente que esos riesgos persisten, por lo que "ante la gravedad de los hechos investigados" ayer pidieron "el mantenimiento de las medidas cautelares para los diez comparecientes". Salvo Cuixart y Borràs, todos los comparecientes son candidatos en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, cuya campaña comenzará en la madrugada del lunes al martes, es decir, pocas horas después de la decisión del juez.

En previsión de que ayer mismo pudiera producirse su libertad bajo fianza, los partidos y organizaciones de las que proceden los imputados acudieron a Madrid dispuestas a depositar las garantías económicas que solicitara el juez para su salida de la cárcel.

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