01 de abril de 2018
01.04.2018
Cataluña

Cientos de personas se echan a las calles de Berlín por la libertad de Puigdemont

Los manifestantes marcharon desde la puerta de Brandenburgo hasta el ministerio de Justicia

03.04.2018 | 01:03
Cientos de personas se echan a las calles de Berlín por la libertad de Puigdemont

Cientos de personas pidieron este domingo en Berlín la libertad del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, detenido en Alemania la semana pasada a la espera de una decisión sobre su extradición a España.

Protegidos con paraguas, los manifestantes marcharon desde la puerta de Brandenburgo hasta el ministerio de Justicia con pancartas que rezaban "Free Puigdemont and the Catalan political prisoners" ("Libertad para Puigdemont y los prisioneros políticos catalanes") y "Spain is not a democracy" ("España no es una democracia").

Muchos también llevaban la bandera del independentismo catalán, con una estrella blanca en un fondo azul. La marcha estaba organizada por la sede en Alemania de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una influyente asociación independentista.

"Lo que queremos es simple, que liberen a nuestros políticos", dijo Mónica Zaldivar, que trabaja en el sector del márketing y acusa al gobierno español de usar los tribunales contra los políticos catalanes en vez de buscar una solución política. "Para mí, está en juego la democracia en España", aseguró.

Uno de los organizadores, Ferran Cornellá, dijo a la AFP que la participación fue de 400 o 500 personas, frente a los 200 que contabilizó la policía.

Puigdemont fue arrestado el domingo pasado en una autopista alemana cuando iba de Finlandia rumbo a Bélgica en virtud de una orden de detención europea emitida por la justicia española, que le acusa de rebelión, sedición y malversación.

El expresidente se había instalado en la capital belga días después de la infructuosa declaración unilateral de independencia formulada en el Parlamento regional catalán el 27 de octubre.

Horas después de ésta, fue cesado con todo su gobierno por el ejecutivo central de Rajoy, que para ello se amparó en el artículo 155 de la Constitución española.

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