17 de abril de 2018
17.04.2018
El laberinto catalán

Junqueras y los 'Jordis' acusan al juez Llarena de instruir una causa política

El exvicepresidente niega que destinara fondos públicos a la consulta - Trapero afirma que alertó a sus superiores políticos sobre los peligros del referéndum

17.04.2018 | 03:55
Josep Lluis Trapero, ayer, de camino a la Audiencia Nacional.

Los líderes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart acusaron ayer al juez del Supremo Pablo Llarena de instruir contra ellos una causa política y rechazaron tanto el delito de rebelión, que se les imputa a los tres, como el de malversación, del que está acusado el exvicepresidente. Tuvieron oportunidad de hacerlo cara a cara durante las declaraciones indagatorias, con las que su procesamiento entra en una nueva fase, que desembocará en el juicio oral previsto para el otoño próximo. En la Audiencia Nacional, el que fuera jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, declaró haber mostrado a los responsables políticos del cuerpo policial sus temores por la seguridad ciudadana si seguía adelante la consulta soberanista.

A escasa distancia y con mínimas diferencias de tiempos, dos de las causas judiciales contra el proceso soberanista catalán llegaron ayer al mismo momento procesal. En el Tribunal Supremo, el magistrado Llarena tenía citados para notificarles en persona el procesamiento y que pudieran rebatir las acusaciones contra ellos al exvicepresidente Oriol Junqueras, al diputado de JxCat Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Para el mismo trámite estaban llamados a comparecer en la Audiencia Nacional ante la juez Carmen Lamela el mayor Trapero, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig.

Los tres convocados por Llarena coincidieron en que el juez lleva adelante una "causa política", que se sustenta sobre "criterios puramente ideológicos" y criminaliza un "movimiento ciudadano pacífico". En una declaración que se prolongó durante cuarenta minutos, Oriol Junqueras, procesado por rebelión y malversación, negó haber promovido cualquier acción violenta, rechazó que el referéndum fuera ilegal y aseguró que, como responsable de Economía del Ejecutivo de Puigdemont, nunca destinó "ni un euro" al proceso soberanista. El exvicepresidente negó que el Supremo tenga competencias para juzgarlo y denunció la vulneración de derechos. En una intervención más breve, Cuixart coincidió con los argumentos de Junqueras. La declaración de Jordi Sànchez, que junto a Cuixart ha cumplido ya seis meses en prisión, tuvo un tono distinto, según testigos presenciales. Con sequedad y dureza, mirando al juez a los ojos, Sànchez, a quien Llarena negó ya dos veces acudir a su investidura como presidente de la Generalitat, acusó al instructor de falta de imparcialidad. "No se puede ser juez y víctima", reprochó el ahora diputado de la lista de Puigdemont, en alusión al último auto del magistrado, en el que Llarena se incluye entre los que sufren las estrategias del secesionismo. El juez contestó a Sànchez que su defensa puede recurrir ante la Sala de Apelaciones del Supremo, como ya hizo de forma infructuosa en anteriores ocasiones.

Ante la juez Lamela, en la Audiencia Nacional, Trapero rechazó las acusaciones de sedición y organización criminal por las que está siendo ya procesado al declarar que la cúpula de los Mossos trasladó en dos reuniones a Puigdemont, al exvicepresident Oriol Junqueras y a Joaquim Forn, "la preocupación común" por la seguridad ciudadana si se mantenía la celebración del 1-O. "No se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independentista", sostiene Trapero en sus alegaciones, y existía una "firme voluntad y decisión" de respetar los mandatos judiciales.

En el recurso contra su procesamiento, Pere Soler cuestiona que se le impute integrar una organización criminal cuando ni siquiera Puigdemont, a quien Lamela atribuye el liderazgo del grupo, está procesado en el Tribunal Supremo por ese delito. Lamela apunta a un "plan premeditado de la cúpula de los Mossos", dirigido a obstruir "cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia", razón por la que "la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones" de los otros cuerpos de seguridad en la jornada del referéndum soberanista.

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