18 de mayo de 2018
18.05.2018

Intervenidos bienes a 50 etarras para las indemnizaciones a sus víctimas

Históricos de la banda como La Tigresa figuran entre los titulares de propiedades incautadas por la Guardia Civil

18.05.2018 | 02:07
La Guardia Civil retira en Barakaldo (Vizcaya) un vehículo intervenido.

La Guardia Civil está interviniendo los bienes de más de cincuenta condenados por acciones terroristas y otras actividades relacionadas con ETA. La operación tiene como objetivo cubrir las deudas que los antiguos etarras contrajeron con el Estado cuando éste hizo frente de forma subsidiaria a las indemnizaciones a sus víctimas fijadas en los procesos judiciales.

Apenas quince días después de que la banda anunciara su disolución, la Guardia Civil, en colaboración con la Audiencia Nacional, desarrolla la operación Zerga, impuesto en euskera, una denominación que recuerda a uno de los antiguos medios de financiación de la banda. El objetivo es intervenir numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de cincuenta personas -diez de ellas activistas de la banda y otras cuarenta relacionadas con la violencia callejera- condenadas por diferentes delitos de terrorismo y por acciones de kale borroka. Todos tienen pendientes deudas contraídas con el Estado por el pago de responsabilidades civiles, cuya cuantía supera los ocho millones de euros. En la lista de personas a las que se les están interviniendo bienes figuran varios históricos de la banda, como Idoia López Riaño, La Tigresa, en libertad desde 2017 tras 23 años en prisión; Mercedes Galdós Arzuaga, Bitxori, exintegrante del c omando Nafarroa y libre desde 2005 después de cumplir 19 años de cárcel o Enrique Letona, libre desde 2004.

En el curso de la operación, que continua abierta, fueron bloqueadas y embargadas más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras, se identificaron catorce propiedades inmobiliarias pertenecientes a los condenados y se intervinieron una treintena de nóminas, que serán retenidas en la parte que supere el salario mínimo interprofesional.

Las investigaciones, desarrolladas durante el último año, permitieron comprobar que numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer esas obligaciones.

La Guardia Civil ha retirado de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos una autocaravana embargada, y ha actuado sobre catorce propiedades inmobiliarias, la mayoría viviendas, pero también locales comerciales y plazas de aparcamiento, en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra y La Rioja.

El Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente para impedir la venta o transmisión de estas propiedades si no se procede previamente al pago de la deuda.

El Ministerio ha señalado en el comunicado que esta operación pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, "sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas", por lo que seguirán investigando para localizar y detener a los terroristas con causas pendientes. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, insistió ayer que "no va a haber impunidad alguna" para los crímenes de la banda terrorista ETA y garantizó que se mantendrá la política penitenciaria sin "cambalaches" ni negociaciones. Zoido pronunció estas palabras en la presentación en Madrid del libro Pardines. Cuando ETA empezó a matar, editado con motivo del cincuenta aniversario de la primera víctima mortal de ETA. El guardia civil José Antonio Pardines, gallego de 25 años, fue asesinado el 7 de junio de 1968 cuando regulaba el tráfico en una carretera de Guipúzcoa y paró el coche robado en el que viajaban dos etarras.

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