EL GOBIERNO INSTRUYE A SUS ABOGADOS PARA CORTAR EL DINERO PÚBLICO QUE RECIBEN LAS FORMACIONES RADICALES
AGENCIAS.MADRID
Tal y como se esperaba, la Fiscalía presentó ayer ante la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo la demanda de ilegalización contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en euskera) como continuador de la ilegalizada Batasuna. El escrito presentado por el Ministerio público solicita al Supremo que adopte cuatro medidas cautelares mientras decide sobre la ilegalización de EHAK: la suspensión de su actividad política, el embargo de sus cuentas bancarias, la clausura provisional de su sede y la prohibición de que presente candidaturas de cara al 9-M.
A la acción de la Fiscalía se sumará, antes del viernes, a la de la Abogacía del Estado, según adelantó ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El Ejecutivo socialista tratará de que ANV y EHAK " no tengan ni una sola peseta de dinero público". Esta es la directriz que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha trasladado como máxima prioridad a la Abogacía del Estado para pedir al Supremo que corte la financiación pública de estos dos partidos. Una petición que se realiza en virtud de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Antes de esta última reforma, el ministro de Interior podía suspender la financiación pública a partidos que incurriesen en supuestos delictivos de la ley de partidos, sin ningún tipo de intervención judicial.
El Parlamento vasco está a la expectativa de si la posible suspensión de las actividades de EHAK afectará al grupo parlamentario de Ezker Abertzalea y de si ordena a la Cámara que proceda a su disolución. Ante esta posibilidad, los grupos del tripartito vasco -PNV-EA-EB y Aralar- registraron una proposición de ley para modificar el reglamento del Parlamento vasco, con el fin de que la disolución de un grupo parlamentario requiera del acuerdo de la mayoría absoluta del pleno de la Cámara autonómica.
EHAK, presente en el Parlamento vasco desde abril de 2005, fue el primero en emprender el camino que en los próximos días también seguirá ANV ante la Sala del 61 del Supremo. En su demanda de ilegalización, la Fiscalía señala que está "acreditada la interrelación existente entre el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Batasuna" y por tanto, y en aplicación de la ley de partidos pide su ilegalización. Una relación de supeditación donde EHAK "ha venido sirviendo de instrumento tanto en el ámbito de la actividad política como, sobre todo, en el plano de la financiación" de la formación ilegal y de "relevantes dirigentes de la misma".
Además de las pruebas financieras, los más de 200 folios que componen la demanda de ilegalización de EHAK, contienen también aspectos sobre el apoyo político brindado a Batasuna y como este partido ha servido para dar "traslación" hasta el Parlamento vasco del discurso de la formación ilegalizada. La policía tiene conocimiento desde el año 2006 del uso diario de la sede de EHAK en Usúrbil (Guipúzcoa) por miembros de la ilegalizada Batasuna, donde acudían simulando una supuesta relación laboral con el partido abertzale. En concreto, horas después del atentado de la
T-4, Arnaldo Otegi y Joseba Permach prepararon en el local de EHAK su rueda de prensa sobre la situación del proceso de paz. Según la Fiscalía, EHAK comenzó a contratar a responsables de Batasuna en julio de 2006 y financió una concentración en la que recabó dinero para la fianza de Otegi y metió en nómina a un etarra condenado por asesinato.