
La polémica sobre el fuera de ordenación parcial de los edificios por sus alturas ha acrecentado la rivalidad entre el Gobierno local y la oposición. Ayer por la mañana, fue el último ejemplo. El PP reprochó al Ayuntamiento que en el plan no se aclara si la edificabilidad prevista -el documentoprevé construir 27.000 viviendas en la próxima década- incluye la de las casas afectadas por su tamaño o volumetría. Una hora después, la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, aclaró que en el cálculo realizado sí se sumaron las miles de viviendas fuera de ordenanza.
El nuevo planeamiento prevé que la población aumente en 70.000 personas, por lo que se necesitarán 27.000 viviendas nuevas. Para el portavoz local del PP, Carlos Negreira, es una "entelequia", porque en el plan de 1998 se calculó que A Coruña crecería en 50.000 habitantes y en la última década apenas varió sus índices demográficos.
Pero lo que más preocupaba ayer a la oposición era saber si el Ayuntamiento había calculado la edificabilidad con o sin los pisos que aparecen como fuera de ordenación parcial por sus alturas. Si no se computó esta edificabilidad y ahora lo hace -tras asegurar el Concello que legalizará la situación de estos miles de pisos- el plan cambia por completo y sería imposible, según Negreira, cumplir los compromisos en espacios libres y zonas verdes -quince metros cuadrados por cada cien edificables para uso residencial- y en equipamientos -con cinco metros cuadrados por cada cien-. El PP instó al Concello a cambiar el plan para que las casas queden dentro de ordenación y a garantizar que ningún edificio pierda edificabilidad.
"El cálculo (de edificabilidad) se hizo con los (pisos) que ya existen. Esa edificabilidad está consolidada porque cuando se hizo la norma se preveía que todos los edificios permanecerían", argumentó Taboadela.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Salvador de Madariaga, Juan Chas, presentó ayer las alegaciones al plan general de la agrupación y de la Asociación de Vecinos de La Marina, ambas basadas en "la pérdida de edificabilidad en la mayoría de los barrios" y en la reclamación de que se aclare si se podrá construir en el puerto, principal fuente de financiación prevista para punta Langosteira. Junto a Chas presentaron alegaciones los presidentes de las asociaciones de vecinos de El Ensanche, Gerardo Crespo, y de A Zapateira, Juan Manuel Sánchez-Albornoz. Crespo explicó que el nuevo plan deja fuera de ordenación "al 90% de los vecinos" por las alturas de los edificios y por el paso "de manzanas compactas a huecas". Los vecinos de A Zapateira reprueban los límites en las alturas y la consideración de suelo rural de parte de la zona, que impide su urbanización.

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