R. PRIETO. A CORUÑA. La maraña judicial por el hundimiento del Prestige se complica. Tras más de cinco años de instrucción y 50.000 folios, todavía no se ha logrado determinar el coste definitivo de la catástrofe, la prueba clave de la investigación. La negativa de la Xunta a peritar los daños, tal y como desde octubre del año pasado le requirió la Fiscalía y la juez de Corcubión instructora del caso, retrasará el juicio oral, previsto para 2009, durante un año más. Y es que sin la valoración de daños, no podrá celebrarse el juicio en España ni los empresarios gallegos pendientes de las indemnizaciones cobrarán.

Pese a que la previsión era que la fase de instrucción se prolongase hasta finales de este año y que el juicio oral comenzase en 2009, fuentes judiciales advierten de que ante el rechazo del Gobierno gallego a peritar los daños y perjuicios ocasionados por la marea negra alegando que es competencia del Consorcio de Compensación de Seguros, entidad dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, eternizará aún más la instrucción del caso y retrasará el inicio del juicio hasta el año 2010.

De acatar la providencia remitida hace ya siete meses por el juzgado de Corcubión a la Dirección Xeral de Xustiza, la Xunta ya tendría concluido el peritaje y los empresarios que todavía hoy no cobraron las ayudas por falta de acuerdo con la auditoría del Consorcio de Compensación de Seguros estarían en mejores condiciones para saldar la deuda contraída con los bancos tras no haber podido hacer frente a los créditos suscritos al 0% de interés y avalados por el Instituto del Crédito Oficial (ICO).

En la providencia enviada a Xustiza el pasado mes de marzo, la juez instructora del caso, Carmen Veiras Suárez, reiteraba al Gobierno gallego que debía hacerse cargo de la "estimación de daños y perjuicios" derivados del Prestige y fijaba como fecha tope para la entrega del informe pericial el 30 de junio. Ante la nueva negativa de la Xunta, que en abril volvía a remitir a los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros, la juez acordó "con el fin de evitar mayores dilaciones en la instrucción de procedimiento" nombrar a dos peritos para llevar a cabo la prueba pericial -Enrique Feáns García y Tomás Uciega Somoza-, cuyos trabajos deberá costear la Dirección Xeral de Xustiza.

Los trabajos de peritaje, según fuentes judiciales, comenzarán en septiembre y se prolongarán durante al menos un año. A este retraso hay que añadir las comisiones rogatorias a otros

países que todavía están pendientes. Una vez concluida la fase de instrucción, el caso debe elevarse al Juzgado de lo Penal, con lo que el juicio oral no se fijaría, al menos, hasta el año 2010.

El medio centenar de empresarios que aún no cobraron las indemnizaciones por falta de acuerdo con la valoración de daños hecha por el Consorcio tras la catástrofe del Prestige critican la decisión de la Xunta de no asumir el peritaje requerido por el Juzgado de Corcubión. Los subastadores, exportadores, y productores de pescado y marisco afectados, entre ellos una empresa de A Coruña con más de 400 empleados, advierten de que si el Ejecutivo gallego hiciese la auditoría cuando la juez instructora le instó, en la actualidad estaría a punto de concluir el informe. Esto permitiría que la treintena de empresas embargadas, una vez el Consorcio de Seguros tuviese el peritaje del Gobierno gallego, comenzasen a cobrar las indemnizaciones por la catástrofe del Prestige y, así, poder saldar su deuda con los bancos.

Pese al argumento esgrimido por la Xunta para no peritar los daños que provocó el hundimiento del petrolero -alega que es competencia del Consorcio-, la Consellería de Industria, dirigida por el nacionalista Fernando Blanco, asumió en el verano de 2006 la auditoría de una docena de empresarios que no estaban conformes con la estimación del Ministerio de Economía. El peritaje de Industria corrige al alza el hecho por el Estado, hasta el punto de que en algunos casos multiplica por diez la auditoría de Madrid. Los afectados aseguran que si la Xunta asumiese la valoración de Industria ya tendría parte del peritaje hecho, lo que implicaría que el Ejecutivo central tendría que, o bien revisar sus auditorías o o bien acatar la del Gobierno gallego. Eso supondría que, cinco años después de la catástrofe, podrían cobrar las indemnizaciones y al mismo tiempo, los que se acogieron a los créditos ICO y que aún no devolvieron, zanjar su nueva "hipoteca" con los bancos.

Pero su plazo se agota. La orden de embargo a los empresarios que no devolvieron los préstamos ICO sólo podrán acogerse a una nueva línea de créditos -fijados al 5% de interés- si antes del 31 de julio pagan la mitad de la deuda. Si la Xunta hubiera hecho ese peritaje -aseguran-, las indemnizaciones pendientes estarían tramitadas y los embargados no estarían con la "soga al cuello".