R. PRIETO | A CORUÑA
Colapso y falta de juzgados. Un año más, la Justicia gallega echará un pulso a la Xunta y al Gobierno central para tratar de dar respuesta a las miles de causas pendientes de resolución y al déficit de órganos judiciales en algunas localidades. No citó dónde, pero sí dio un número. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, advirtió ayer de la "necesaria creación" de hasta un total de 36 nuevos órganos judiciales en Galicia: nueve en el Contencioso Administrativo, cinco de lo Penal, siete de lo Social, 11 de lo Civil, uno de Vigilancia Penitenciaria y tres en juzgados de Primera Instancia e Instrucción mixtos. Sobre los municipios en los que urgen estos nuevos juzgados, Cadenas evitó citarlos para no crear falsas expectativas si finalmente el Ministerio de Justicia no atiende todas las demandas del TSXG.
La saturación en los juzgados se arrastra desde hace años. En declaraciones a los medios antes de la reunión de la Comisión Mixta de Xustiza celebrada en la sede del Tribunal Superior, calificó de "público y notorio" que la Sala de lo Contencioso Administrativo es el órgano "más preocupante", con más de 19.000 asuntos pendientes.
Sobre el total de plazas, Cadenas apuntó que está fijado sin otorgar prioridad, ya que irá en función del número de órganos judiciales que se puedan crear en la comunidad gallega y en conexión con la decisión que adopte la Comisión Mixta.
Tres acciones
En la reunión mantenida ayer, según adelantó el conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, se abordaron tres "acciones fundamentales" para llevar a cabo en los próximos años. La primera, la incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. La segunda, un plan de la Xunta para afrontar el reto que va a suponer la puesta en marcha de la Oficina Judicial, la cual empieza ya a implantarse. La última, un "plan muy ambicioso" de infraestructuras judiciales que, confió pueda ser aprobado "en breve" por el Consello de la Xunta, con un plazo de hasta ocho años y con el que se pretenden dejar resueltas las necesidades de los edificios judiciales en Galicia.