La prescripción de condenas obliga a triplicar las plazas de trabajos sociales

R. PRIETO | A CORUÑA No hay plazas suficientes para ejecutar las penas alternativas a la prisión. Las quejas manifestadas por la Fiscalía tras la reforma del Código Penal en materia de tráfico en diciembre de 2007, una modificación legislativa que disparó las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad, ya han tenido respuesta por parte de la Administración. Aunque para ello, jueces y fiscales han tenido que esperar más de un año ya que el compromiso de Instituciones Penitenciarias era ampliar la oferta en marzo de 2008. Pasados los comicios generales, la promesa electoral se quedó en eso. Con carácter "inmediato", según anunció ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, la comunidad gallega contará con 639 nuevas plazas de trabajos comunitarios para evitar la prescripción de las condenas. Con la nueva oferta, casi se triplicará el número de plazas actuales -368, la mayoría en ayuntamientos (230) y en los centros penitenciarios (106)-.

Según datos de las Fiscalías de Seguridad Vial en A Coruña y Pontevedra, el 90% de los conductores condenados en el último año a trabajos en beneficio de la comunidad podrían quedar impunes por falta de plazas, ya que las penas inferiores a 40 días de servicios sociales prescriben al año.

Y es que la condena a cárcel sólo queda reservada para los delitos graves y los multirreindicentes al volante. El resto de los condenados por conducir a velocidades estratosféricas o superar en 0,6 miligramos la tasa de alcohol pueden conmutar la pena de prisión por una multa económica que lleva aparejada obligatoriamente una condena a trabajos sociales.

Situación "caótica"

Pero eso es sólo la teoría. En la práctica, el déficit de plazas que se venía arrastrando desde antes de la reforma penal en materia de seguridad vial ha provocado que nueve de cada diez condenados a trabajos sociales queden impunes ante la falta de nuevos convenios para ampliar la oferta. La mayoría de las plazas actuales se centran en áreas administrativas, labores de jardinería, limpieza y trabajos ocupacionales.

Los fiscales de Seguridad Vial de A Coruña y Vigo, Eugenia López y Carlos Gil, respectivamente, ya habían advertido en diciembre del año pasado, coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor de la reforma penal en materia de tráfico, de que la situación se volvería "insostenible" y "caótica" si no se ampliaba la oferta de plazas de trabajos en beneficio de la comunidad. "Probablemente se necesiten más", apuntó ayer el fiscal superior de Galicia, al tiempo que advirtió de la necesidad de "estudiar la posibilidad de constituir una red suficiente de puestos de trabajo a partir de que sean las propias administraciones de Justicia autonómicas las que colaboren en la creación de sus propias plazas, mediante convenios con la Federación de Municipios y Provincias, con otras administraciones o con distintas asociaciones privadas de interés general", en alusión a Cruz Roja, ONG y entidades locales.