40 gallegos esperan la indemnización por la expropiación de fincas en Venezuela

SELINA OTERO | A CORUÑA La oleada de nacionalizaciones de empresas extranjeras radicadas en Venezuela emprendida por el régimen chavista amenaza la estabilidad de cientos de familias gallegas instaladas en la República Bolivariana desde los años cincuenta y sesenta; son varias las generaciones que han visto incrementar sus ingresos durante décadas de trabajo en el sector industrial o la producción agropecuaria.

Lejos del boom de crecimiento económico de finales del siglo pasado, ligado a una calidad de vida, la forzosa reforma agraria impulsada por el Gobierno de Hugo Chávez ha sumido al país en unos niveles de inseguridad impensables en la época de esplendor, cuando miles de españoles arribaron a la costa del Estado de los amerindios en busca de riqueza en la Tierra de Gracia, con importantes recursos petrolíferos y reservas naturales.

La ocupación de las tierras, disfrazada por los mandatarios del país como una supuesta reforma agraria, se ha llevado a cabo al más puro estilo revolucionario, con desalojos obligados, invasiones, amenazas, persecuciones y algún que otro secuestro. Miles de hectáreas a cambio de nada; expropiaciones sin contrapartida.

Aproximadamente una cuarentena de empresarios gallegos esperan la indemnización pertinente por las miles de hectáreas que, literalmente, les han robado. "Puede haber como unos 150 empresarios españoles afectados. Algunos ya han empezado a cobrar, pero calculamos que alrededor de 40 gallegos reclaman todavía su recompensa por lo perdido. Los que disponen de otra vía de ingresos pueden sobrevivir con sus negocios. Pero otros han tenido que marcharse", explica Francisco Rey, presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela.

Tras la visita oficial al país del ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, los gallego-venezolanos se han quedado más tranquilos. Han creado una comisión bilateral en la que ambos países negociarán el pago a los afectados; al menos éste ha sido el compromiso tras el encuentro. Los emigrantes de antaño viven con miedo, evitan dar nombres por terror a verse en una lista negra que suele terminar en rescate a golpe de talonario o cheque. "El secuestro está a la orden del día; miren lo que ocurrió con Alberto Cid Souto, de origen español, un gran productor agropecuario de este país. Fueron a por él y al final lo liberaron y, extrañamente, no tuvo que pagar rescate", recuerda el presidente de la Hermandad Gallega. De momento, un hálito de optimismo: los afectados gallegos por las expropiaciones esperan cobrar lo suyo tras darse la mano las autoridades venezolanas y españolas en la capital caraqueña. "Hablamos de mucho dinero en juego. Hay que pensar que no es como en Galicia. Aquí tenemos latifundios; grandes fincas de hasta 400 hectáreas. El valor de un terreno así, en función de su extensión, puede oscilar entre los 80.000 y los 200.000 euros, que es lo que espera recibir como indemnización nuestra gente", añade Francisco Rey.

Rey argumenta, con tono crítico y resignado, que lo que está haciendo el Gobierno de Chávez no es propio del siglo XXI. "La revolución chavista no tiene mucho sentido, sólo está en la mente de ellos, nada más, no puede ser así en la actualidad, es como volver a la Izquierda de los años 40. Ellos ven una finca bonita y productiva, ubicada en buen sitio, al dirigente se le antoja y ya está; te la quitan".

"Te la expropian con papeleo y todo, que ellos arreglan a su forma, pero no te pagan. Luego tienes que solucionarlo tú como puedas", añade Rey. No existe un plan de desarrollo rural: "Son actos que alimentan la revolución popular, que es lo que intenta este Gobierno", critica. Para los que conocen Venezuela, de nacimiento o no, se percibe en todo este proceso un resquicio de los antiguos ejidos y del "Estado de Bienhechoría", cuando las tierras eran de pertenencia estatal y se ocupaban para trabajarlas.

"Es parecido a lo que ocurrió en su día en Galicia con las mancomunidades pero claro, con los años, las familias que trabajaron las tierras han adquirido derechos sobre ellas", añade Rey, quien asegura que el Gobierno del país, con la ayuda de su Ejército en muchas de las acciones invasoras, no entiende de propiedades. "Hay tierras que han sido compradas, que tienen un propietario. En otras no es exactamente así, pero las familias han adquirido derechos que han de ser respetados y regulados. Para el presidente de la Hermandad Gallega, los isleños (procedentes de las islas Canarias) son los más perjudicados porque se han dedicado más a la industria agropecuaria. No obstante, los gallegos han diversificado su actividad en sectores industriales, comercios o fábricas.