El Parlamento activa un plan de austeridad para ahorrarse este año 1,7 millones

REDACCIÓN | A CORUÑA El Parlamento de Galicia informó ayer de la puesta en marcha de un plan de austeridad que permitirá ahorrar 1,7 millones de euros este año con la supresión de partidas que considera "prescindibles". La medida, con vocación de continuidad en próximos ejercicios, está destinada a recortar aquellos gastos que no sean estrictamente necesarios.

Según informó ayer la Cámara gallega, la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, considera que prescindir de la partida para la realización de nuevas obras en el edificio del Pazo do Hórreo permitirá un ahorro, sólo en este concepto, de 800.000 euros.

De este modo, según indicó Pilar Rojo, en este apartado sólo se mantendrán los gastos considerados "imprescindibles" para el mantenimiento del edificio, así como una "pequeña actuación" encaminada a reubicar el archivo documental de la Cámara autonómica. Otro apartado que experimenta un recorte drástico, de unos 300.000 euros, es el de actos sociales, en el que se enmarcan exposiciones itinerantes, actuaciones y otras actividades.

A estos se suman recortes de presupuesto en prácticamente todos los programas de gasto de la Administración parlamentaria, pero con una "especial incidencia" en apartados como maquinaria, mobiliario, atenciones protocolarias, publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos o fondos artísticos, informa Europa Press. Según señaló la Cámara gallega, la propuesta, articulada durante el pasado mes de julio, "permite materializar el compromiso de austeridad comprometido" por la presidenta del Parlamento de Galicia en el momento en el que accedió al cargo. La presidenta del Parlamento autonómico había anunciado un plan de austeridad destinado a recortar "los gastos que no sean estrictamente necesarios para el ejercicio" de las competencias de la Cámara gallega. Asimismo, la presidenta explicó que "esto no es sólo un tema ético, sino que también afecta al propio sentido de institución parlamentaria".

"Debemos estar en la realidad, donde se encuentre la gente y sus problemas e inquietudes", recordó Rojo, tras lo que añadió que "en un momento de crisis económica, la primera institución representativa se debe situar en primera línea en la lucha contra ella".

Este plan de austeridad viene a sumarse a la política de recortes de gastos preconizada -y reclamada- ayer por la titular de Facenda, Marta Fernández Currás. Este plan de recortes, palabra clave del Gobierno presidido por los populares, aunque asociada a los presupuestos del año que viene, no ha sentado bien en cambio ni a los sindicatos ni a la oposición, sobre todo cuando va asociado a congelación de salario y empleo público, y caída de las inversiones. La circular enviada esta semana por el departamento de Currás a los demás departamentos de la Xunta conminándoles a que en la elaboración de las cuentas para 2010 tengan en cuenta que no habrá "incrementos" en las partidas destinadas a gastos de personal y que, además, los gastos corrientes caerán un 20% y las inversiones lo harán todavía más, hasta una cuarta parte, ha sido unánimemente criticada.

Para Francisco Núñez, responsable de Administración autonómica de UGT, la opción propuesta desde el Ejecutivo autonómico es "desacertada". "Por un lado pagan la crisis los de siempre, los trabajadores, y lógicamente se deja de crear empleo, que es lo que hace falta", argumenta. "A este Gobierno se le llena la boca hablando de la ley de dependencia y de atención a los más desfavorecidos, pero dejan sin empleo a quienes les pueden atender: resulta incoherente", añade. "De brazos cruzados no nos vamos a quedar", anuncia, aunque UGT esperará a que Facenda dé más detalles.

Para Miguel Canitrot, responsable de Administración Pública de CIG, el anuncio de la Consellería de Facenda es la "demostración palpable de que ha vuelto una política neoliberal y completamente caciquil donde se va a primar el nulo servicio público". Canitrot recuerda a la Xunta que debe hablar con los sindicatos e indica que, en todo caso, la CIG no va a "consentirlo" y "tomará las medidas de presión oportunas" si estos anuncios "se confirman".

Ramiro Otero, secretario xeral de la Federación de Servizos á Cidadanía de CCOO, muestra su rechazo a la congelación salarial y argumenta que "en los últimos años los sueldos subieron según el Índice de Precios al Consumo previsto, por debajo del real, y los funcionarios ya tienen más que amortizadas las congelaciones salariales".

"En esta época de recesión la única manera de fomentar el consumo es subir los salarios", señala, y recuerda, también él, que "las mesas de función pública están abiertas" y que es allí "donde se deben debatir estas propuestas".

La opinión "preliminar" de los socialistas, según expresó ayer su portavoz parlamentario, Xaquín Leiceaga, es que "una política de ahorro es razonable, pero también hay que hacer una política anticrisis y en ese sentido la decisión de congelar las inversiones es excesivamente drástica" e implica "paralizar el país".

A Fernando Blanco, portavoz de Economía del grupo parlamentario del Bloque Nacionalista, lo que le "preocupa" es en qué partidas se va a reducir el gasto corriente, ya que en este también se incluye el gasto social. En el caso de las inversiones, también él habla de que una caída implica "paralizar determinados proyectos con capacidad para generar empleo". En época de crisis, subrayó en parlamentario nacionalista, la Administración debe promover la inversión, la actividad económica y el empleo.