Al Gobierno gallego no le ha sentado nada bien la decisión del Constitucional de suspender indefinidamente el artículo de la Lei de Vivenda que legaliza los núcleos de casas situados en el litoral gallego y que están afectados por la restrictiva ley de costas. Sin embargo, las críticas de la Xunta no han ido contra el tribunal, sino contra el Gobierno central, que fue el que en abril pasado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma gallega al considerar que invadía las competencias de la ley de costas. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, lamentó ayer la "insensibilidad" que, según él, está mostrando la Administración estatal hacia los afectados por la normativa, que prohíbe levantar nuevas construcciones o hacer obras en las ya existentes en los primeros 100 metros de costa e incluso obliga a entregar al Estado la titularidad de las casas situadas a pie de playa.

En una entrevista a Radio Galega, Hernández criticó al Gobierno central por no retirar su recurso contra la disposición segunda de la Lei de Vivenda -aprobada en el Parlamento gallego en diciembre pasado con el apoyo de los tres parti- dos-, que suaviza los efectos de la ley de costas al establecer que los núcleos tradicionales situados en los pueblos costeros de Galicia son asimilables al suelo urbano y, por tanto, sólo se les puede aplicar las restricciones constructivas en una franja de 20 metros en lugar de 100. Según Hernández, al interponer el recurso contra la norma de la Xunta ahora paralizada, el Gobierno central "ha perdido la oportunidad de regular la situación de núcleos tradicionales como los de Marín, A Illa o Muros", con los "problemas en la vida diaria" que esto supone para los vecinos de las localidades afectadas, entre las que también se encuentran Fisterra, Malpica, Muxía, A Pobra, Redondela o Moaña.

El conselleiro insistió en que la enmienda de la Lei de Vivenda fue aprobada con el consenso de todos los partidos políticos gallegos para ayudar a los miles de afectados por la ley de costas y bajo la premisa de que la Xunta es la única Administración competente en materia de urbanismo. "La solución era esa ley, con ella los núcleos tradicionales quedaban legalizados y el problema estaba resuelto. Pero ahora, con la disposición suspendida y el recurso en marcha, la tramitación caso a caso será mucho más engorrosa, larga y complicada", dijo el conselleiro, que además reprochó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la ministra de Medio Ambiente, la ourensana Elena Espinosa, su falta de "sensibilidad" hacia las demandas del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien en sendas reuniones con ambos dirigentes les había pedido que retiraran el recurso del Constitucional y permitieran la aplicación de la legislación gallega para legalizar las miles de viviendas afectadas en Galicia.

El titular de Medio Ambiente defendió las particularidades de las casas costeras gallegas afectadas por la ley estatal respecto de las de otras comunidades, al señalar que en la mayoría de los casos se trata de "núcleos tradicionales", muy diferentes a los casos de los chalés ilegales o las urbanizaciones en primera línea de playa del litoral Mediterráneo. "En Galicia son núcleos tradicionales, por eso necesitaban un tratamiento especial", dijo Hernández. De hecho, según el conselleiro, el Gobierno recurrió la norma gallega para evitar que otras autonomías como Canarias o Baleares pudieran acogerse a la excepcionalidad de gallega para legalizar sus edificios costeros.

La orden del Constitucional de paralizar indefinidamente la norma gallega que excluía a miles de casas de las restricciones de la ley de costas deja vía libre al Ministerio de Medio Ambiente para continuar deslindando la costa gallega, es decir, delimitando hasta dónde llega el dominio público -la franja más cercana al mar en la que todo lo construido pasa a ser propiedad del Estado- y hasta dónde la servidumbre de protección -la franja paralela, de 20 o 100 metros de anchura según se trate de suelo urbano o rústico, en la que está prohibido construir y muy limitado hacer reformas-. Lejos de escuchar la petición de la Xunta de retirar el recurso ante el Constitucional, desde el Ministerio subrayan la "normalidad" del proceso y aseguran que es una herramienta jurídica muy habitual "para dirimir los conflictos de competencias". Eso sí, insisten en la "voluntad" de la ministra Espinosa de resolver los expedientes de pueblos enteros afectados, como Marín, Fisterra o Moaña, estudiando "cada caso". Para ello, algunos municipios como Fisterra ya han enviado al Ministerio fotos y material documental que demuestran que en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas, en los núcleos ahora incluidos en la servidumbre ya había casas y servicios urbanos, pese a que el suelo no estuvieses oficialmente catalogado como tal.