ÁNXEL VENCE Molestos por la derogación de las concesiones que les había proporcionado el bigobierno progresista de Galicia, los empresarios de la patronal del aire acaban de poner a parir al nuevo gobierno conservador de este reino. Consideran que el canon establecido por Feijóo sobre el futuro reparto de los molinos de viento resulta del todo intolerable y, por si eso fuera poco, dicen que la invalidación del anterior concurso va a "paralizar" su negocio. El mundo anda al revés.

La teoría vigente hasta ahora en materia de costumbres políticas sugiere que los patronos son el principal sustento de la derecha; a la vez que los trabajadores nutren, por lo general, las filas de la izquierda. Naturalmente, esa visión es un tanto simplista y sobre todo anacrónica en la medida que ya resulta tan arduo distinguir entre las ideas de izquierda y derecha como adivinar el número de ángeles que caben en la cabeza de un alfiler.

Los límites entre la izquierda y la derecha son ahora tan porosos que resulta casi imposible diferenciarlos, pero aun así no deja de sorprender que una organización empresarial -como la del viento, en este caso- encuentre más puntos de coincidencia con un gobierno formalmente progresista que con otro de raíz conservadora. Todo tiene su explicación, sin embargo. Los patronos de la industria eólica equiparan el canon fijado por la nueva Xunta a un impuesto: y bien sabido es que los tributos al Estado -o al Reino de Galicia en este caso- forman parte del clásico ideario progresista. De ahí la perplejidad con la que han recibido esta decisión de un gobierno de derechas. Sorprende igualmente que los empresarios añoren el reparto efectuado por el anterior tándem de gobierno socialdemócrata y nacionalista que, al parecer, sería mucho más favorable para sus intereses. Salvo las lógicas quejas de los excluidos, la organización patronal en sí no puso entonces objeción alguna -que se sepa- a la piñata de los parques eólicos. Y por supuesto no habló de paralización ni de canon discriminatorio alguno: tal vez porque no lo había. De hecho, la única enmienda a la totalidad corrió por cuenta del partido socialdemócrata de Touriño, que retiró a sus delegados de la comisión de adjudicaciones en la creencia de que la subasta del aire ejecutada por sus socios nacionalistas no se ajustaba del todo a los procedimientos legales exigibles al caso.

Alega con lógica ecologista y social la Xunta de Feijóo que el nuevo canon sobre la producción de energía eólica -similar al hidráulico- servirá para compensar los daños que inevitablemente va a causar al paisaje y al territorio la instalación de los molinos de viento.

Curiosamente, ese argumento fue utilizado también en su día por el ya ex presidente Touriño para vetar la construcción de una granja marina de rodaballos en A Costa da Morte. La diferencia, si acaso, reside en que el actual gobierno de Galicia -más pragmático y por así decirlo, socialdemócrata- no va a prohibir los parques eólicos para que acaben instalándose en Portugal o cualquier otro país, como ocurrió con la frustrada piscifactoría de Pescanova. Más razonablemente, se limita a exigir a los concesionarios el pago de una tarifa -o un canon, o un impuesto o como se le quiera llamar- con el propósito de obtener una cierta reparación monetaria para la Xunta y los ayuntamientos. Pues ni por esas. Lejos de entender el argumento -tan fácilmente comprensible-, la patronal que aspira a negociar con el aire pretende que el negocio, además de seguro, les salga gratis. O al menos, más barato que con la fórmula de participación ideada por el anterior gobierno de marca progresista. Algo malo -o anómalo- habrá hecho la izquierda recién derrocada en las urnas para que los patronos dependientes de las concesiones del poder la echen de menos. Ojalá los politólogos nos aclaren este enigma.

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