PILAR MERA | A CORUÑA La Xunta está decidida a poner orden en el caos urbanístico del rural gallego eliminando o suavizando las restricciones constructivas de la actual ley del suelo. Para ello, el Ejecutivo gallego prevé regularizar la situación de todas las viviendas y edificaciones que fueron construidas al margen de las leyes urbanísticas para que puedan hacer obras de reforma e incluso ampliar su superficie. La medida, incluida en el borrador de la nueva ley del suelo, afectará a miles de casas levantadas en el campo gallego sin licencia, en lugares prohibidos, o con tamaños y medidas ilegales, sobre las que pesan amenazas de derribo o fuertes limitaciones de edificación.

Muchas de estas casas fueron construidas sin licencia municipal, o aún teniéndola, esta fue otorgada sin atender a los requisitos legales del plan urbanístico municipal o la normativa autonómica. También son habituales en el rural las segundas viviendas construidas en la parcela familiar sin cumplir los tamaños mínimos de la finca, o sin tan siquiera comunicarlo al Ayuntamiento. Las casas sin terminar, las que fueron construidas en terrenos rústicos donde no estaba prevista la urbanización, las que no respetan la arquitectura de la zona ni las alturas máximas previstas en la ley o las que quedaron a medio construir también podrán beneficiarse del cambio legal que prepara la Xunta y que les permitirá hacer obras como si trataran de viviendas completamente legales.

En todos estos casos, el Ayuntamiento tiene un plazo de tres meses para exigir al propietario de la obra, sea un particular o una empresa promotora, que haga los cambios necesarios para ajustarse a la ley o, de lo contrario, el Concello puede derribar la construcción. Si en ese tiempo el Gobierno local no ha tomado medidas para reponer la legalidad, algo que es bastante habitual, la responsabilidad de que la construcción se ajuste al plan de ordenación municipal y a las leyes urbanísticas autonómicas pasa a la Xunta, que tiene seis años para vigilar que la edificación cumple la ley bajo la amenaza de derribo. Pero si en ese plazo la Administración tampoco hace valer su autoridad urbanística, -un supuesto también muy común sobre todo en lo que se refiere a las viviendas unifamiliares del interior-, la vivienda en cuestión ya no podrá ser derribada y queda "fuera de ordenación", un régimen que ya se contempla en la actual ley del suelo gallega.

La normativa vigente protege del derribo a las casas que estén en esta situación, pero sólo permite hacer en ellas obras menores, en concreto, reformas "de mera conservación y las necesarias para mantener el uso preexistente". El cambio que incluye el borrador de la nueva ley del suelo que la Xunta está negociando con los municipios es que en las casas fuera de ordenación también se puedan hacer "obras de consolidación, así como las de mejora, reforma y, en casos justificados, de ampliación de la superficie construida", según la nueva redacción del artículo 103 de la ley propuesta por la Xunta.

Así, los dueños de casas o naves construidas antes de 2003 en cualquier tipo de suelo de forma ilegal o contraria al plan urbanístico vigente pero contra las que la Administración no haya tomado ninguna medida firme podrán ampliarlas, reformarlas por completo, acondicionar los accesos o añadirles construcciones contiguas. Este cambio legal también facilitará los trámites de compra y venta de los inmuebles, dado que los bancos y los notarios son cada vez más exigentes con la legalidad de los inmuebles a la hora de conceder créditos o avalar escrituras.

Esta medida se suma a otros cambios que la Xunta también pretende introducir en la nueva ley del suelo -como la posibilidad de dividir las parcelas, o el aumento del área edificable en los núcleos rurales- con el objetivo de regularizar, en la medida de lo posible, el confuso panorama urbanístico en el medio rural gallego, plagado de planes municipales sin aprobar, viviendas ilegales y silencio administrativo.