JAVIER SÁNCHEZ DE DIOS
A estas alturas es ya un secreto a voces lo poco que gustó a una buena parte del Partido Popular de Galicia, la sugerencia de la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, a sus compañeros en la Xunta para reducir sustancialmente el gasto de las Consellerías en 2010. Aunque no se refería de forma explícita a las inversiones, el mensaje de austeridad estaba claro, y las reticencias también.
El motivo es claro: 2010 es año de vísperas electorales municipales, y los dirigentes locales del Partido Popular, tanto en las Alcaldías como en la oposición, cuentan con el habitual plus de gobierno, es decir, la posibilidad de llevar a cabo una serie de acciones que "animen" a los ciudadanos a apoyarles en las urnas. Algo, por cierto, que ya comentaron a Núñez Feijóo.
En el PP se teme que la austeridad presupuestaria de Fernández Currás -un 25% de reducción en algunos capítulos de los departamentos- contraste con las obras que este año, y quizá también el siguiente, llevó a cabo el PSOE a través del Plan E. En Vigo, por ejemplo, el alcalde Abel Caballero comentó en público su convicción de que dentro de unos meses, "cuando comiencen las inauguraciones", el panorama cambiará y no descarta incluso ganar las elecciones allí.
Las críticas
Pero la inquietud no es sólo política ni afecta en exclusiva a una parte del PP. Es un secreto a voces que también se nota en sectores empresariales de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) que preside Antonio Fontenla especialmente próximos al Partido Popular por dos motivos: las eólicas y las cajas.
Sobre lo primero, los críticos, al igual que la propia patronal eólica, entienden que la suspensión es un instrumento que no asegura lo bastante el interés general, y a la vez puede perjudicar a empresas gallegas que tenían una buena relación con el bipartito y con el Bloque Nacionalista de Anxo Quintana.
En cuanto a las cajas, la indefinición de la Xunta sobre su modelo, y la abstracción acerca de las fechas en las que se pondrá en marcha el proyecto de ley que regulará el sector inquieta no sólo a las instituciones financieras sino también a colectivos cuyos intereses están claramente vinculados a un sistema gallego de crédito pero no a una Banca oficial o plenamente controlada por el poder político.
La ofensiva
Nada de eso es desconocido para la Xunta ni para su presidente Alberto Núñez, quien habría mantenido ya discretos encuentros a lo largo de este mes con personas significadas y representativas del poder empresarial. Y es un secreto a voces que les habría expresado su intención de iniciar en otoño una ofensiva política para acelerar acciones y acortar plazos.
En el entorno de la Presidencia del Gobierno gallego existe la convicción de que la Xunta mantendrá la iniciativa en aspectos como el económico, el industrial, el laboral y el financiero, y de que antes de que finalice el periodo de sesiones, en diciembre, estarán en el Parlamento varios proyectos.
La oposición, por su parte, va a mantener el tono de agresividad dialéctica para con el poder ejecutivo tras el relativo paréntesis del verano, y espera enfocar sus iniciativas en el campo de la enseñanza, con la "cuestión lingüística", y en el estatutario, donde Manuel Pachi Vázquez anunció un interés especial.
Poca paz
Y otro secreto a voces es el que confirma la intención sindical de calentar el otoño en materia de convenios, sobre todo si se aplican en Galicia los criterios de rebaja salarial que plantea Díaz Ferrán, presidente de la CEOE.