El Gobierno autonómico alega que Galicia está mejor en comparación con el resto del Estado

Al Ejecutivo autonómico no le asustan los terribles augurios de decadencia económica que anuncia la agencia estadounidense Standard&Poor's en su informe. Al contrario, la Consellería de Facenda intenta ver el lado positivo de las cosas y recuerda que la agencia de rating "confirma" el de la comunidad gallega en AA. Esa notación indica la solvencia crediticia de la comunidad, que después marcará el tipo de interés al que el Gobierno autonómico podrá endeudarse. AAA representaría la máxima calidad crediticia y AA, calidad superior de la deuda. El rating mide, pues, la capacidad de pago del Gobierno de los compromisos financieros.

Para el departamento que dirige Marta Fernández Currás que Galicia mantenga su calificación es debido, por una parte, "a que la comunidad sigue manteniendo un nivel de endeudamiento moderado", uno de los factores que más tiene en cuenta la agencia calificadora. Además, añade en su nota el Ejecutivo autonómico, el hecho de que el rating se mantenga en AA se debe también a que Galicia "cuenta con un sector público reducido en comparación con otras comunidades autónomas".

"De este modo, Galicia mantiene una buena posición si la comparamos con el resto de España", destacan desde la Consellería en un comunicado, y lo atribuyen al hecho de que de las comunidades autónomas calificadas por Standard&Poor's", "sólo" la gallega se sitúa tras Madrid y Aragón. Desde Facenda también "destacan" que, según los datos del último informe de Standard&Poor's, Galicia "está resistiendo mejor la crisis que el resto del Estado".

Aunque sólo comparte el lado positivo de la calificación de la agencia y no opina sobre la catastrófica situación que vaticinan para la economía gallega en los dos próximos años, la Xunta, no obstante, ya está tomando medidas al respecto. Así, hace apenas diez días, Facenda envió al resto de las consellerías una serie de instrucciones para la elaboración de sus cuentas del año que viene. Y la advertencia principal es muy claro: "No se admitirán incrementos" en las partidas dedicadas a gastos de personal y una "minoración" del 20% en los gastos corrientes y de un 25% en el de inversiones.