En aquella estampa en blanco y negro de comienzos del siglo pasado, el XX, la inversión pública en la comunidad era casi anecdótica. Más que nada porque ni el concepto, como lo entendemos hoy, existía. El capital para levantar infraestructuras venía sobre todo de las propias empresas interesadas en traer el ferrocarril hasta aquí para explotarlo luego directamente o en abrir lo más parecido entonces a una carretera. Por cada cien euros desembolsados en toda España, con permiso de las pesetas que circulaban de aquella, ilustradas con la cara del rey Alfonso XIII, aquí caían tan sólo cuatro. Las regiones más grandes, Andalucía y Castilla y León, junto con Cataluña, líder en la industrialización del país, absorbían la mayor parte de los fondos. Un mapa que poco tiene que ver con el actual, con el patrimonio asentado en la educación, la sanidad o la cultura, al servicio de las personas en definitiva, y con incrementos de vértigo que se concentran con especial fuerza en Madrid, la capital. Galicia también ha cambiado. Y mucho. De hecho, el gasto por habitante se ha multiplicado por 25, el mayor incremento experimentado en toda España y ante variaciones negativas en la mayoría de regiones, con más de 32.600 millones de euros en capital público para impulsar una tierra en tecnicolor.
Ni las prioridades eran las mismas hace un siglo, ni las cantidades que se podían poner en circulación se parecen mínimamente a las que Xunta, Gobierno central, diputaciones y concellos mueven ahora. El análisis del comportamiento y la evolución de la inversión pública en Galicia, también en el resto del Estado, es una buena lección de historia. Porque se ve la influencia de las guerras y las posguerras, los periodos de bonanza y las necesidades que un territorio va encontrando para construir la columna vertebral de una sociedad. De la llegada de la democracia y el fenómeno de la descentralización, de ahí que hoy sea la Xunta la que gestione el 31% de la inversión en infraestructuras, frente al 9% que representaba en 1983, recién estrenada la autonomía.
Allá por el 1900, la inversión en Galicia apenas se acercaba a los 33 millones de euros. Ni una peseta, claro está, de las arcas autonómicas, impensables en aquel momento. Los dos únicos agentes públicos de peso eran la administración central y los concellos; y sus objetivos, las infraestructuras viarias -5,65 millones y 2,975 millones, respectivamente- y el tren -otros 5,006 millones-. Por detrás, las instalaciones portuarias, con más de 5,1 millones de euros. Los gastos en servicios de salud apenas alcanzaban los 500.000 euros entre ambos y los 800.000 para educación, según recoge un profundo e innovador estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de Valencia (Ivie) y la Fundación BBVA. "A comienzos del siglo XX casi la mitad de la inversión pública se concentraba en ferrocarriles y por parte de empresas privadas [Renfe no se creó hasta 1941], pero paulatinamente van perdiendo peso a favor de las infraestructuras viarias, y se recuperan fuertemente desde mediados de los años 90 con la apuesta por la alta velocidad", explica Matilde Mas, coautora del informe.
A las carreteras también les llegó su turno. Su pequeña gran revolución con el conocido Plan Redia (Red de Itinerarios Asfálticos) en 1967. El régimen franquista quería modernizar las principales vías españolas en un plazo de cinco años. En Galicia tardó en notarse. Hasta 1971, cuando la inversión del Estado en las infraestructuras ligadas al tráfico pasó de entre 18 y 24 millones de euros por ejercicio a más de 67,5 millones e incluso 99,7 en 1972. "Un ejemplo del retraso en el que nos encontrábamos -indica Mas- es que en los años setenta todavía circulaban por nuestras carreteras un millón de carros de caballos".
En la historia reciente hay "al menos" dos momentos clave que marcan un antes y un después en la orientación del capital público, un cambio de tendencia, además de la Guerra Civil, claro está. El contador entre el 36 y el 39 en Galicia está a cero y la riqueza acumulada en las infraestructuras de la comunidad se devaluó a la mitad hasta situarse en los niveles que tenía una década antes. "El primero de los momentos clave tuvo como origen la puesta en marcha del Plan de Estabilización en el año 1959 -cuenta la investigadora valenciana-. Este plan fue el que puso a España en la senda de la modernidad". El segundo, es fácil imaginarlo, el paso de la dictadura a la democracia, la creación de las autonomías y el salto a la UE en 1986.
"Los años sesenta y setenta conocieron también el despegue de la inversión en sanidad y educación -tímidos comienzos de nuestro actual Estado de Bienestar-, fruto de la modernización del régimen", añade Mas. Con el cambio, la aparición también de las comunidades como inversores y el refuerzo de los concellos, que aportan hoy en Galicia prácticamente lo mismo al capital público que la administración central.
Hoy las instalaciones sanitarias y educativas amarran terreno en el reparto del stock de capital público gallego. Por encima del 5% del total las primeras y el 8,5% en el caso de los centros de enseñanza. Porcentajes todavía muy tibios en comparación con el 37,5% que asumen las carreteras en el dinero invertido por las administraciones aquí en el último siglo, aunque seguro que el día que toque renovar este análisis la tarta tendrá una distribución muy, muy diferente. Sanidad y Educación absorben en los últimos años alrededor del 20% de las partidas presupuestarias.
La alta velocidad es la tercera gran protagonista de la nueva etapa emprendida por la inversión pública. Los casi 360 millones de euros inyectados al ferrocarril del futuro en Galicia en 2005 son todo un récord histórico. En sólo los últimos cinco ejercicios analizados en el informe, el capital en infraestructuras ferroviarias representa el 67% de todo el dinero inyectado en el sector desde 1900.
Las fotos hoy de las grandes tuneladoras y la magia de la ingeniería para poner en pie kilométros y kilómetros de viaductos ilustran a la perfección la nueva moda del capital público, como en su día, durante el franquismo, lo hacían las instantáneas del dictador abriendo embalses y pantanos en cada esquina de Galicia. La obsesión por aprovechar el agua los convirtió en la joya de la corona de la inversión pública durante muchísimos años, por encima incluso del gasto en los puertos y carreteras y hoy suman 2.600 millones de euros.
Con algo más del 6% de la población española y cerca del 6% también de la superficie del país, la comunidad gallega recibió el 6,6% del capital público, por detrás de Andalucía (15,3%), Cataluña (13,4%), Madrid (13,3%), Comunidad Valenciana (8,8%) y Castilla y León (8%). Hace cien años, a la comunidad llegaba el 5,5% de la inversión de las administraciones, algo más de un punto, por lo tanto, menos de lo que representa en la actualidad.
Sólo otras cuatro regiones han experimentado incrementos mayores al de Galicia. Cataluña, con la misma variación; Comunidad Valenciana, con un 2%; el archipiélago canario, con un 2,6%; y la capital, Madrid, con un aumento disparado del 7,5%. Es, de lejos, la ganadora en la evolución del capital público español en todo el siglo.
Todo lo contrario que Castilla y León, con un peso del stock de inversiones en todo el Estado que supone actualmente un 6,7% menos que en 1900. El recorte en Aragón alcanza el 2,7%; un 1,8% en Navarra; y en Extremadura, del 1,3%. La evolución es también negativa en La Rioja, Asturias, Melilla, Ceuta, Andalucía y País Vasco, con caídas de entre el 0,1% y el 0,5%.
Si repasamos el comportamiento del capital acumulado por habitante, con el paso de los años quien gana es Galicia. Unos 12.000 euros por persona, casi veinticinco veces más que al comienzo del siglo pasado por la importante pérdida en el censo de la comunidad autónoma.
En La Rioja, Asturias y Extremadura, la inversión se multiplicó por algo más de 15, frente a un alza media en el país del 11%. En Cataluña, País Vasco y Madrid el impacto del cambio de siglo no es tan fuerte debido, principalmente, a que han mantenido fuertes sus pirámides poblacionales.
