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Galicia es la comunidad española con menos superficie forestal protegida

La Unión Europea amenaza con sancionar a España desde hace más de un año por una sentencia que obliga a ampliar las zonas de especial protección de aves en territorio gallego

 02:25  
Vista panorámica del parque natural de Corrubedo, en el municipio coruñés de Ribeira. / tere gradín
Vista panorámica del parque natural de Corrubedo, en el municipio coruñés de Ribeira. / tere gradín 
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M. VÁZQUEZ | SANTIAGO Galicia es uno de los pulmones verdes del país, una condición que, sin embargo, contrasta con el escaso nivel de protección de sus bosques. De los dos millones de hectáreas forestales que hay en la comunidad, apenas el 15,5% están incluidas en alguna de las figuras existentes para preservar los espacios naturales. Se trata del porcentaje más bajo de España, donde por término medio el 39,4% de toda la superficie forestal está protegida.



Según los datos que se recogen en el último Anuario del Ministerio de Medio Ambiente, Galicia no resiste la comparación con ninguna otra comunidad aunque las diferencias son especialmente sangrantes en el caso de Canarias, que con el 61% de su superficie forestal sometida a algún tipo de protección es la autonomía que más puede presumir de cuidar sus bosques.



El porcentaje tampoco mejora si gallego. Y es que según los datos del Ministerio de Medio Ambiente tan sólo el 10,7% de los 2,95 millones de hectáreas que ocupa Galicia forma parte de la Red Natura o de la Red Nacional de Espacios Protegidos. Frente a estas cifras, Asturias, con características similares a las gallegas, puede presumir de tener más de la cuarta parte de su territorio bajo algún régimen de protección, un porcentaje que en el caso de Canarias se eleva al 45%.



El retraso de Galicia a la hora de preservar su patrimonio natural no ha pasado desapercibido ni siquiera para la Unión Europea, que hace poco más de un año inició un expediente contra el Gobierno español tras constatar que la comunidad había incumplido una sentencia que la obligaba a ampliar sus zonas de especial protección de aves (ZEPA). El procedimiento de infracción, que quedó paralizado tras acreditar la Xunta que ya había iniciado los trámites para declarar como ZEPA dos zonas de A Limia y Pena Trevinca, acusaba a Galicia de "no haber adoptado medidas suficientes para proteger la naturaleza".



Tras meses de negociaciones con Bruselas, las dificultades para aprobar la ZEPA de A Limia, un proyecto que cuenta con una fuerte oposición vecinal ante el temor de que choque con los intereses de los agricultores, podrían acarrearle a España una fuerte sanción económica de la UE por incumplir la normativa comunitaria en materia de protección de aves.



Es sólo un ejemplo de una situación que los ecologistas achacan a la tradicional e insuficiente protección del patrimonio natural de Galicia. Una carencia reconocida por el anterior Gobierno bipartito, que se había fijado como meta duplicar la superficie de espacios protegidos hasta situarla en el 20% de todo el territorio gallego.



Y es que sin ser una garantía total frente a posibles abusos y atentados, las diferentes figuras de protección existentes sí que ayudan a preservar la integridad de estos lugares, sus hábitats y sus especies.



Galicia cuenta en estos momentos con un parque nacional -las Illas Atlánticas, declarado en 2002-, seis parques naturales y otros 90 espacios protegidos por la legislación española. La figura predominante en territorio gallego, con todo, es la Red Natura, diseñada por la UE en 2004 para garantizar la conservación de hábitats y especies en todo el continente. En esta red se integran las Zonas de Especial Protección para las Aves y los Lugares de Importancia Comunitaria, dos figuras que coinciden en muchas zonas y que abarcan más de 300.000 hectáreas en Galicia. En la Red Natura están incluidos Ancares y O Courel, dos de los parajes más emblemáticos de la comunidad y que, sin embargo, no están protegidos por ningún tipo de figura nacional. El proyecto de declarar ambas zonas parque natural se planteó por primera vez hace años pero la fuerte oposición política, vecinal y empresarial en estas comarcas se ha convertido en un obstáculo hasta la fecha insalvable. La nueva Xunta del PP se ha propuesto relanzar la iniciativa esta legislatura.

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