PILAR MERA | A CORUÑA La Diputación de A Coruña apura las medidas para ayudar a los Concellos con dificultades económicas. El organismo provincial está a punto de publicar las bases del Plan de Obras y Servicios (POS) de 2010, una convocatoria de ayudas públicas a los municipios que la Diputación concede cada año y que, por primera vez, incluirá partidas para cubrir gastos corrientes y de personal. El POS del año que viene, cuyas bases serán publicadas en las próximas semanas, cuenta con un presupuesto total de 24 millones de euros, que se repartirán entre los 94 municipios de la provincia coruñesa.

En las convocatorias anteriores del POS -una de las líneas de ayudas públicas imprescindible para la supervivencia financiera de los ayuntamientos pequeños-, la Diputación coruñesa sólo concedía subvenciones a inversiones y proyectos (construcción de edificios, actividades, nuevos servicios municipales, reparaciones, compra de material o equipación, etc.).

Pero en el programa de 2010 la novedad es que el 50% de la ayuda otorgada a cada municipio podrá destinarse a sufragar los "gastos corrientes necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos municipales". En este capítulo se incluyen, entre otras cosas, las facturas de la luz, el agua y el teléfono, el mantenimiento de los edificios, el servicio de limpieza o el material de oficina. Y, además, también por primera vez los concellos podrán incluir los gastos de personal, "siempre que estén vinculados a los servicios básicos de los municipios", una condición que cumple buena parte de los trabajadores de la mayoría de los Ayuntamientos coruñeses.

Esta novedad prevista en la convocatoria del POS para el año que viene se suma a otras medidas que ya había tomado la Diputación coruñesa en los últimos meses para hacer frente a la cada vez más acuciante situación financiera de los municipios. En marzo, el organismo que preside Salvador Fernández Moreda aprobó una línea de ayudas, por valor de 20 millones, dividida en dos planes "anticrisis". El primero, dotado de 10 millones de euros, incluye ayudas directas -distribuidas en función de los baremos de esfuerzo fiscal, número de parroquias, población y superficie de cada ayuntamiento- a los 91 municipios coruñeses de menos de 50.000 habitantes (todos los de la provincia, salvo A Coruña, Santiago y Ferrol) para que financien, también, gastos corrientes, como "alumbrado público, limpieza viaria, saneamientos y abastecimientos de agua, así como del personal y bienes y servicios que sea necesario adquirir". Hasta ahora, 71 municipios se acogieron a este primer plan anticrisis de la Diputación, para cuya solicitud acaba el plazo el próximo 31 de octubre. La Diputación pagó la ayuda íntegra a esos municipios, lo que supone un desembolso de 7,5 millones de euros.

El segundo plan aprobado en marzo "para ayudar a los concellos ante la actual situación de crisis" estaba dotado de otros 10 millones de euros y su objetivo era "financiar gastos de reposición asociados al mantenimiento de los servicios públicos esenciales de los ayuntamientos". Es decir, ayudas para financiar obras en edificios e instalaciones municipales, reparaciones de infraestructuras públicas o adquisición de maquinaria y equipamiento. Los 91 municipios que podían acogerse a esta ayuda ya lo hicieron (el plazo acababa el pasado 30 de junio) aunque de momento la Diputación sólo ha revisado los expedientes de 41 concellos que, en cuanto sean aprobados en el pleno provincial y posteriormente licitados por el Gobierno local, cobrarán el 70% de la ayuda (el 30% restante se pagará cuando se acaben las obras).

En diciembre del año pasado, la Diputación destinó otros 6,5 millones de euros en ayudas para los ayuntamientos que se hubiesen acogido al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), el plan de impulso de la obra pública aprobado hace casi un año por el Gobierno central. El objetivo de esta ayuda provincial -que ya se ha abonado a 75 de los 91 municipios que la solicitaron- es financiar la redacción, la direcciónde obra y el plan de seguridad de los proyectos presentados al FEIL, que en su convocatoria no incluía estos conceptos como subvencionables.

Además, en los últimos meses la Diputación también ha aprobado convocatorias de ayuda y soporte jurídico para que los ayuntamientos por los que pasa la autopista reclamen el pago del 100% de los impuestos de la AP-9 (en lugar del 95%, como ocurre ahora), y realiza gratuitamente auditorías energéticas para que los Concellos puedan ahorrar y rentabilizar sus recursos.