AGENCIAS | PONTEVEDRA
Ni para pagar la luz. Muchos ayuntamientos comienzan a tener dificultades para saldar sus cuentas con las eléctricas. También para pagar las nóminas de sus empleados. Por ese motivo, la Diputación de Pontevedra ha anunciado que reclamará al Estado por la reducción que aplicó a las aportaciones económicas destinadas a la Administración local, según avanzó el presidente de la Institución Provincial, Rafael Louzán, que de este modo abre una nueva vía para ayudar a los ayuntamientos acuciados por la crisis.
Precisamente en lo que al recorte de ingresos se refiere, el presidente de la Diputación de Pontevedra explicó que la reducción aplicada, entre el 30 y el 35%, "ha dejado tambaleantes las economías de muchos ayuntamientos, que ya tienen problemas para pagar el suministro de energías y nóminas". Louzán consideró que con esta iniciativa el Gobierno está "perjudicando a los más débiles".
En este sentido, el presidente de la Diputación pontevedresa aseguró que "hay posibilidades de reclamar" y anunció que los equipos jurídicos de la institución pontevedresa ya están trabajando en el tema. "Quizás en algún caso la reclamación no prosperará, pero en otros sí", indicó al tiempo que afirmó que "esa debe ser la línea a seguir".
Además de esto, Louzán consideró que la otra circunstancia que está poniendo en riesgo las finanzas de numerosos municipios es el recorte del 80% que están sufriendo en las tasas que cobran por la concesión de licencias, lo que les está llevando a algunos ayuntamientos a pedir anticipos de dinero a la Diputación.
Tras reiterar su disposición a atender esas peticiones, Rafael Louzán puntualizó que "se primará a los ayuntamientos que han efectuado una buena gestión y acertaron en las inversiones que acometieron". Entre los elementos para hacer frente a esta situación, el presidente de la Diputación de Pontevedra planteó a los alcaldes de la provincia una gestión integral de la energía para racionalizar tanto el consumo como para ahorrar en el gasto, según informa Europa Press.
En concreto, se trata de que todos los ayuntamientos que se adhieran a esta iniciativa suscriban un único contrato con un mismo proveedor para dotar de energía eléctrica a todos los edificios y servicios municipales.
Con el nuevo plan se prevé que el gasto energético descienda hasta en un 30%. La idea pasa por contratar una sola empresa. El acuerdo se materializará el año que viene y se confía en que resuelvan las habituales deficiencias. "Hay muchos alcaldes que se quejan del servicio", dijo Louzán.