REDACCIÓN | A CORUÑA
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que su Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional, mediante la interposición de un conflicto positivo de competencias, el decreto estatal que regula la gestión de recursos mineros.
La Xunta argumenta que esta norma hace una regulación "exhaustiva" de las materias "injustificadamente" y no permite que la comunidad pueda desarrollar "adecuadamente" sus competencias. Además, recuerda que la normativa básica debe plasmarse -"salvo excepciones" - en una norma con rango de ley, y no considera que, en este caso, se den motivos "que exceptúen la regla".
El Gobierno gallego decidió recurrir al Constitucional después de recibir una contestación "no favorable" del Estado a su requerimiento de incompetencia, cuya formulación autorizó el Consello de la Xunta en su reunión del pasado 30 de julio.
Tras reunirse con su Ejecutivo, Núñez Feijóo lamentó tener que dar este paso, pero recalcó que es su "obligación" defender las competencias de la Xunta.
Asimismo, manifestó su "sorpresa" por el hecho de que el Gobierno de España respete "más" una normativa "provisional y discutible", en referencia al decreto, que el Estatuto de Autonomía de Galicia, "con más de 25 años de antigüedad".