La conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de preservar la naturaleza con leyes medioambientales ha hecho despuntar un sector económico que cada vez emplea más recursos en Galicia. Casi 500 empresas diferentes tienen autorización de la Xunta para recoger, transportar, reciclar o eliminar residuos calificados como urbanos, industriales o peligrosos.

De hecho, detrás de la polémica generada tras la decisión de Sogama de dejar de recibir en su planta de Cerceda más residuos voluminosos (muebles, electrodomésticos y colchones) procedentes de los Ayuntamientos está todo un entramado legislativo según el cual cada tipo de residuo debe ser recogido en su lugar, transportado de una manera y en unos vehículos concretos, almacenado en plantas y puntos limpios con autorización para ello y finalmente eliminado o, si es posible, reciclado conforme a unos protocolos muy específicos.

Y cada una de estas exigencias supone un nicho de mercado en el que cada vez hay más competencia por entrar.

La mayoría de las aproximadamente 500 compañías que se dedican en Galicia a uno o varios de los procesos de la cadena no existían hace cinco años, sino que se apuntaron al boom del sector medioambiental hace poco tiempo, a veces como alternativa a la crisis. Muchos transportistas de áridos o madera se adaptaron al negocio al ver que su ritmo de trabajo bajaba en los últimos meses. También son varias las firmas que tienen instalaciones en Galicia aunque su base central y su origen está en otras comunidades, como la catalana Ecocat o la valenciana Acteco.

De hecho, en el transporte y la gestión de los residuos es fundamental poder abarcar toda la geografía española, debido a la distribución de las plantas de tratamiento. Los plásticos con poliuretano, por ejemplo, suelen llevarse a una planta de Valencia donde se reciclan, y los gases CFC de las neveras, a una instalación en Francia. También son habituales los intercambios de materiales entre las plantas gallegas de Sogama y Cespa, en Cerceda, y la de Sogarisa en As Somozas -la única en Galicia con autorización para almacenar y dar un tratamiento final a residuos peligrosos-, en función del tipo de material que pueda recibir cada instalación o del permiso de manipulación que tenga el transportista o la empresa. En cuanto a los voluminosos, la nueva licencia de Sogama ya no permite almacenarlos en su vertedero de Cerceda, así que desde el 1 de septiembre los concellos tienen que llevarlos a otras plantas autorizadas, aunque en la mayoría de los casos de ese trámite se encarga, normalmente sin sobrecoste, la concesionaria del punto limpio. En resumen, todo una red de normas y obligaciones que han disparado el mercado de los residuos en Galicia. Los precios por recoger y transportar los desechos industriales pueden variar desde los 30 euros por tonelada de residuos como restos de amianto hasta los 600 en el caso de líquidos contaminados que generan gasolineras, talleres o industrias.

El negocio del medio ambiente llega incluso al ámbito académico, pues las leyes también obligan a los conductores de residuos o mercancías peligrosas a pasar varios exámenes, y a las empresas, a tener o subcontratar consejeros de seguridad que les asesoren sobre las normas y los trámites. Los títulos para estas tareas, homologados con Europa, los expide la Xunta y cada año se presentan a los exámenes unas 300 personas, formadas en alguna de las academias especializadas que también han surgido en los últimos años.

El volumen de producción y recogida de residuos es un buen termómetro para medir la salud de la economía: cuanto menos trabajo hay en las industrias, menos residuos se producen. Así, en el último año se ha notado un descenso considerable en la producción, y por lo tanto también en la recogida, de desechos industriales. De hasta un 30%, según los empresarios consultados.

Por ejemplo, en Sogarisa -firma que tiene en el municipio coruñés de As Somozas la única planta de Galicia en la que se pueden eliminar residuos peligrosos-, mientras en los años 2005, 2006 y 2007 se recibieron entre 130.000 y 150.000 toneladas, el año pasado el volumen bajó a las 100.000. Una caída de la actividad que confirman otras compañías como la transportista Tresima o Alansu, que cifra el bajón en un 30%.

En Galicia hay 296 empresas que producen más de 10 toneladas de residuos peligrosos al año cada una, y otras 43 que generan más de una tonelada de los considerados no peligrosos. Así figura en el Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia, creado por la Xunta hace dos años para controlar más y mejor las actividades de estas empresas.

La Unión Europea clasifica los residuos en cientos de categorías diferentes (los llamados códigos LER), en función de su toxicidad o de las medidas que haya que tomar en caso de fuga o vertido. La mayoría son productos químicos procedentes de la metalurgia.