Deudas de Galicia, deudas del Estado

ÁNXEL VENCE Pocos días después de haberle perdonado una deuda de 70 millones de euros a la República de Bolivia, el Gobierno español le reclama el pago de un pufo de 2.000 millones al viejo Reino de Galicia. Sorprende y en cierto modo halaga saber que la capacidad de endeudamiento de una comunidad autónoma pobre como ésta es treinta veces mayor que la de un Estado soberano, pero todo tiene su explicación.

La deuda adquirida por la Xunta no es en realidad tal, sino un adelanto a cuenta del dinero que el Gobierno esperaba ingresar en este ejercicio mediante la recaudación de tributos. Dado que no existía oficialmente crisis alguna, el presidente Zapatero y su ya ex ministro Solbes elaboraron unos presupuestos llenos de ilusión, amor y fantasía, basados en imaginarias cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto. Infelizmente la crisis resultó ser como las brujas: aunque el Gobierno no creyese en ella, lo cierto es que haberla, la había. Quiere decirse que bajó el PIB, el consumo, la recaudación y como resultado de todo ello ahora no cuadran las cuentas.

Decidido a resolver por la vía directa tan desagradable contratiempo, el Gobierno se ha vestido de Cobrador del Frac y lleva varias semanas mandándoles recados a aquellos reinos autónomos que recibieron adelantos de cuantía superior a la finalmente recaudada. Algunos de ellos pueden hacer frente al desfase, pero no es este por desgracia el caso de Galicia. Alega el presidente Feijóo que no hay un duro en caja para pagar la millonada que el Gobierno le reclama a la Xunta, de tal modo que nada puede dar el que nada tiene.

Todo esto plantea una delicada cuestión de competencias e incompetencias entre órganos del Estado. Si la Xunta rehusase abonar por falta de fondos los 2.000 millones de euros que se le requieren, probablemente estaríamos ante un sorprendente caso de insumisión fiscal protagonizado no ya por particulares, sino por las mismísimas instituciones. Cierto es que el Gobierno puede acudir a medidas de orden punitivo para asegurarse el cobro de la deuda, pero nada cuesta imaginar que eso abriría una crisis de insólitas proporciones, seguramente agravada por el hecho de que los partidos gobernantes en Santiago y Madrid sean adversarios.

Paradójicamente, la anterior Xunta bipartita se había significado por reclamar en diversas ocasiones el abono de la "deuda histórica" que a su juicio mantiene el Estado con Galicia. Algo de eso debía de haber, si se tiene en cuenta que el Gobierno pagó dos veces la mentada deuda a Andalucía, por un importe total de 1.200 millones de euros. Lejos de hacer lo mismo con Galicia o con la otra media docena de reinos autónomos que exigen parecido trato, el Gobierno le reclama ahora a la Xunta una deuda -nada histórica- de 2.000 millones.

Ya metidos en débitos, pufos y demás historias, bueno sería recordar que es el Estado el que todavía adeuda a Galicia los 12.500 millones de euros de inversión que aprobó un Consejo de Ministros reunido hace más de seis años en A Coruña. Olía Galicia a chapapote por aquel entonces y el Gobierno de Aznar -contrito por la gestión de la catástrofe del Prestige- trató de lavar su mala conciencia con la aprobación de un Plan Galicia que saldaría los atrasos del Estado con este antiguo y maltratado reino. Infelizmente, bastó un simple cambio de gobierno para que las páginas del BOE pasaran a ser papel mojado y la monumental inversión se fuese a pique con la misma rapidez que se hundió el Prestige.

Tal vez sea esta, por tanto, la ocasión ideal para echar cuentas y ajustar lo que el Estado debe a Galicia y lo que Galicia debe al Estado. Bien pudiera ocurrir que tras las oportunas sumas y restas, los gallegos saliésemos ganando algo en la operación. En caso contrario, sólo quedaría acudir a la famosa invocación a Santa Rita: lo que se adelanta, no se quita. O algo así.

anxel@arrakis.es