Por miedo y por falta de respaldo jurídico, apenas una cuarentena de mujeres que ejercen la prostitución en Galicia denunciaron a las mafias en los últimos cuatro años. En el periodo 2005-2008, la Policía Nacional y la Guardia Civil identificó en la comunidad a más de 1.800 víctimas de tráfico de explotación sexual, de las que el 95,5% son de origen extranjeros, en su mayoría de Brasil. Sólo en lo que va de año, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detectaron a un total de 141 mujeres obligadas a ejercer la prostitución en la provincia de A Coruña, según los últimos datos de los que dispone la Fiscalía Superior de Galicia.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional, el fiscal superior, Carlos Varela, dio a conocer detalles del protocolo que la Fiscalía en colaboración de la Xunta están elaborando para conocer la "verdadera dimensión del problema en Galicia" y que incluirá medidas de prevención, investigación y tratamiento de las víctimas del tráfico sexual.
Según Varela, la mayoría de los delitos de prostitución forzosa se producen en clubes de carretera, algunos de los cuales se "han convertido en verdaderos complejos hoteleros". Sin embargo, la presión policial ejercida sobre los locales de alterne ha provocado que muchas mafias trasladen sus actividades a pisos privados y casas de citas para evitar el control administrativo y su identificación. Se trata de unas organizaciones que en numerosas ocasiones tienen "rendimientos estimados por importe de 600.000 euros al año".
Sin papeles
En el polo opuesto se encuentra la prostitución callejera, la modalidad menos ejercida en el territorio gallego. Entre 2005 y 2008 las Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron diversas actuaciones, de las cuales 460 correspondieron a clubs de alterne. Así mismo, la policía nacional desmanteló 59 redes de tráfico de mujeres.
La escasez de procesos judiciales por explotación sexual, según Varela, no sólo se debe a la clandestinidad de la actividad, sino también a la dificultad de obtener denuncias de las mujeres que se encuentran en este situación, ya que la mayor parte de ellas no acusan a los proxenetas "por miedo a represalias o a ser repatriadas en situación irregular".
