REDACCIÓN | SANTIAGO El actual gerente del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, Roberto Rodríguez, acusó ayer a la anterior Xunta de haber adjudicado un "contrato de logística del transporte" a una empresa "que parece que tiene relación con el BNG", de la cual evitó desvelar su nombre pese a la demanda de los diputados de la oposición. En su comparecencia en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, Roberto Rodríguez acusó a los entonces gestores del Consorcio, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta que gestionaba el nacionalista Anxo Quintana, de adjudicar este contrato de "logística" para el "desplazamiento diario entre las oficinas" del ente, en la calle Amor Ruibal, y San Caetano, sede central de la Xunta.

Este contrato de logística y transporte por valor de 69.000 euros fue tramitado como negociado sin publicidad y tiene fecha de febrero de este año. No obstante, esta misma firma, que según pudo saber Europa Press es Carrumeiro, recibió también del Consorcio más de medio millón de euros por facturas con diversos conceptos emitidas a lo largo de los dos últimos años de la pasada legislatura.

Rodríguez realizó estas declaraciones después de que el diputado nacionalista Carlos Aymerich le acusase de haber contratado "a través del Inem" a un chófer para sus traslados y no por convocatoria pública, un puesto que, según afirmó, no existía en la anterior gestión.

En este punto, Roberto Rodríguez afirmó que el puesto de chófer del gerente del Consorcio "existía" porque "con carácter habitual se contrataban los servicios de un taxista", que era "por supuesto siempre el mismo", durante los años 2007, 2008 y 2009. El actual gerente del Consorcio aseguró que durante este periodo el taxista recibió entre 1.000 y 1.900 euros mensuales. El portavoz del grupo nacionalista, que rechazó conocer a qué empresa se refería el gerente, consideró que debe ser éste quien lo aclare y avisó de que "hay una evidencia, que es la existencia de una plaza de chofer que no había". De esta manera, lamentó que Roberto Rodríguez se dedique a "fiscalizar" al anterior Ejecutivo y a lanzar este tipo de acusaciones y le emplazó a que revele los datos. La diputada socialista Laura Seara demandó también que el gerente aclarase sus declaraciones, algo que rechazó el presidente de la comisión, el popular Miguel Santalices.

La comisión de ayer se celebró con tensión tras las protestas de los grupos socialista y nacionalista por el aplazamiento de cuatro de las ocho preguntas orales previstas en el orden del día, una por decisión de la persona que la había formulado -la socialista Carmen Gallego- y las otras por no poder comparecer los miembros del Gobierno designados.