M. VÁZQUEZ | SANTIAGO La Fiscalía gallega aún no ha decidido si incluirá en su escrito de acusación a José Luis López-Sors, imputado en el caso Prestige por la Audiencia de A Coruña, o por el contrario, limitará su petición de responsabilidades al capitán del petrolero y los otros dos marinos imputados. Aunque de momento el Ministerio Público prefiere dejar en el aire su postura hasta someter la decisión a un debate interno, todo apunta a que, finalmente, optará por no presentar cargos contra el ex director general de Marina Mercante, responsable directo de la decisión de alejar el buque de la costa y al que la Audiencia acaba de imputar de nuevo por su presunta "responsabilidad criminal" en la catástrofe.

La postura de la Fiscalía sobre la implicación del Gobierno en el accidente y sus consecuencias siempre ha sido clara. Cuando en marzo se hizo público el auto de la juez de Corcubión en el que se acordaba el sobreseimiento de la imputación a López-Sors, el Ministerio fiscal no sólo declinó la posibilidad de recurrir la decisión, duramente criticada por la mayoría de las partes personadas, sino que avaló punto por punto los argumentos de la juez al entender que había "datos suficientes en la causa" para exculpar al ex alto cargo de Fomento sin esperar al juicio oral.

Nada ha cambiado desde entonces. Nada, salvo la decisión de la Audiencia de A Coruña, que el pasado martes, en contra de la decisión inicial de la juez Carmen Veiras, ordenó que se impute de nuevo a José Luis López-Sors por su "desacierto en la gestión de la crisis" y el "error clamoroso" de enviar el buque a alta mar con un "rumbo suicida". El auto da la razón así a los que, como Nunca Máis o Izquierda Unida, reclamaban que el juicio sirviera también para depurar responsabilidades políticas y abre la puerta a que López-Sors pueda figurar como acusado en el juicio que se celebrará el año que viene. Sin embargo, no obliga a ninguna de las partes a acusarlo. Fuentes judiciales consultadas insisten en que la Audiencia y la Fiscalía son dos órganos "totalmente independientes" y pueden a veces discrepar en sus opiniones. Por ello y teniendo en cuenta cuál ha sido la postura del Ministerio Público sobre este tema en la fase de instrucción, las mismas fuentes dan por hecho que, por "coherencia", la Fiscalía no acusará a López-Sors.

En la práctica, esto significaría que la principal acusación en el caso no exigirá responsabilidades políticas por el accidente y centrará sus esfuerzos en lograr una condena contra el capitán Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos, y el primer oficial del buque, Irineo Maloto.

Independientemente de la decisión de la Fiscalía, sin embargo, López-Sors figurará con toda seguridad entre los acusados en el juicio oral. La decisión de la Audiencia de imputar al ex director general de Marina Mercante por su gestión del accidente abre la puerta a que todas las partes personadas, recurrieran o no en su día la decisión de Corcubión, puedan ahora acusar formalmente al único miembro del Gobierno imputado.

Consciente de ello, la Abogacía del Estado confirmó ayer que ya ha contactado con José Luis López-Sors, que actualmente trabaja como funcionario la Dirección General de Marina Mercante en Madrid, para empezar a preparar el juicio. Los abogados del Estado retomarán por tanto la defensa del ex alto cargo de Fomento, el único miembro del Gobierno imputado en la causa.

Manuel Rivero, uno de los letrados que lleva el caso, considera que, de momento, es muy aventurado dar una fecha para la celebración del juicio oral, ya que todo dependerá de la rapidez con la que Corcubión tramite los escritos de acusación y de defensa. "El juicio puede fijarse para dentro de tres, seis o nueve meses", explica Rivero quien, no obstante, coincide con la Fiscalía en que una vez resueltos los recursos, los últimos trámites antes del juicio serán más ágiles.

El siguiente paso para cerrar la fase de instrucción será la presentación de los escritos de acusación, en los que todas las partes personadas expondrán sus argumentos y los cargos que le imputan a cada uno de los acusados. El plazo para cumplir con este trámite, con todo, aún no se ha abierto a la espera de que la juez de Corcubión emita una providencia ordenándolo. Tras evaluar los escritos, la misma juez abrirá la fase de juicio oral y dará traslado del caso a la Audiencia.

Por su parte, tras conocer el auto de la Audiencia por el que se vuelve a imputar en al caso a un miembro del Gobierno, fuentes del Ministerio de Fomento se limitaron a señalar que "acatan lo que establezcan las resoluciones judiciales" y reiteraron su "máximo respeto" hacia las decisiones de la Justicia.