REDACCIÓN | A CORUÑA Nacionalistas y populares continuaron ayer cruzándose acusaciones de despilfarro y de favoritismo en las adjudicaciones públicas. En el centro de la polémica está la empresa de logística Carrumeiro, que fue contratada por el bipartito para trasladar documentos y personal entre las dos oficinas del Consorcio Galego do Benestar en Santiago.

Según el PP, el Bloque adjudicó a esta firma, vinculada a ex altos cargos nacionalistas, contratos por más de 500.000 euros entre 2006 y 2009 sin concurso público. El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, negó las acusaciones e invitó ayer al Partido Popular a acudir a los juzgados si "realmente acredita que el BNG cometió alguna irregularidad" en la contratación pública durante su etapa en el bipartito. Según Vázquez, "todas las actuaciones de cargos nacionalistas en el Gobierno gallego respetaron escrupulosamente la Ley de Contratos del Sector Público". En un comunicado de prensa, el líder nacionalista afirmó que "no se cometió ni una sola irregularidad y que todos los servicios que se contrataron a empresas fueron prestados en tiempo y forma a la Administración, con absoluto respeto al interés general", por lo que acusó al PP gallego de querer "echar tinta de calamar" al BNG para "desviar la atención y tapar así su "trama de corrupción masiva", en alusión al levantamiento del sumario del caso Gürtel. Así, el líder nacionalista pidió a los populares que "dejen de echar basura a la honorabilidad de personas absolutamente honestas" si no demuestra que se faltó a la ley.

A la polémica por los contratos de transporte adjudicados por el Consorcio también se refirió ayer el portavoz del Bloque en el Congreso, Francisco Jorquera, quien coincidió con Vázquez en que la contratación de Carrumeiro Media "siguió escrupulosamente la ley" y está "acreditado" que la firma cumplió "en tiempo y forma" los servicios por los que fue contratada. Jorquera, quien negó que existan denuncias contra las contrataciones realizadas por la anterior Xunta, también vinculó la denuncia del PP -formulada el miércoles en el Parlamento por el actual gerente del Consorcio, Roberto Rodríguez- con un intento de los populares de "tapar sus escándalos".

Además, los nacionalistas acusaron a Rodríguez de contratar un chófer particular a través del Inem y sin concurso público. El PP se defendió asegurando que, en lugar de ese contrato, el Bloque usaba para los desplazamientos del personal cada día al mismo taxista, que llegó a cobrar 1.900 euros mensuales.