X. A. TABOADA | SANTIAGO La Xunta quiere más competencias y con celeridad. El Ejecutivo gallego ha urgido al Gobierno central a retomar la negociación para traspasar a Galicia "con la mayor brevedad" diecisiete competencias, siete de ellas ya reclamadas con el bipartito y otras diez nuevas. Entre estas últimas figuran el traspaso de la titularidad de las autopistas AP-9 y AP-53 (Santiago-Dozón), de la gestión de la cuenca hidrográfica del Miño-Sil y de la ordenación del litoral.

La regulación de la costa y del dominio público marítimo-terrestre es una demanda de gran calado político, puesto que supondría dar a la Xunta la facultad para autorizar todas las actuaciones que se realicen en primera línea de playa, entre ellas, la creación de plantas de acuicultura. Actualmente estas competencias pertenecen a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.

En su pretensión de iniciar la "fase de mayor autogobierno de Galicia", la Xunta no se olvida de volver a reclamar Tráfico ni de exigir que se acelere el proceso, porque esta transferencia no se retomará hasta septiembre de 2010. Así figura en el calendario del Congreso de los Diputados, que es el órgano encargado de iniciar la tramitación para dar continuidad al acuerdo unánime aprobado por el Parlamento gallego el pasado año.

Entre las competencias de mayor alcance reclamadas figura la ordenación del litoral y la gestión del dominio público marítimo-terrestre, que es la zona comprendida entre el mar y la línea imaginaria hasta la que llegan las mayores olas. Lo que quiere la Xunta es ser la única administración responsable de todas las actuaciones que se acometan en la costa, desde piscifactorías hasta tareas de reposición de playas, pasando por la recuperación del medio natural, las canalizaciones de desagüe y captación de agua o la construcción de instalaciones públicas y privadas. Al Gobierno gallego le corresponderían las funciones de autorización de licencias, pero también de inspección y de sanción.

La Xunta entiende que dar el control a una única administración, y máxime cuando la autonómica tiene las competencias sobre puertos, reglamento urbanístico y vertidos, "redundará en una mayor eficacia y eficiencia", además de reforzar el papel del Plan de Ordenación del Litoral, en elaboración, y que regulará los usos del litoral.

Entre las nuevas competencias demandadas, que presentaron ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, figuran el traspaso de la titularidad de la AP-9 y la AP-53. El argumento es que ambas vías de comunicación son fundamentales en la "vertebración del territorio" y que su itinerario discurre íntegramente por la comunidad autónoma.

El Gobierno gallego también plantea que el Estado le transfiera la facultad para gestionar la cuenca del Miño-Sil, de forma que toda las tramitaciones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico pasaran de la Confederación Hidrográfica a Galicia.

El paquete de las nuevas competencias reclamadas se completa con el traspaso de Meteorología, ya que junto con Ceuta y Melilla es la única autonomía que no la tiene reconocida, la ordenación completa del sector pesquero y no sólo del que opera en aguas interiores, los organismos dedicados a la investigación marina, la expedición de títulos náutico-pesqueros o el traspaso del personal de las instituciones judiciales que no sea ni jueces, ni fiscales ni secretarios para que las sustituciones por bajas se realicen con mayor agilidad.