M. VÁZQUEZ | SANTIAGO
Tras la inesperada imputación del ex director general de la Marina Mercante por el caso Prestige, el Gobierno se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo judicial en Estados Unidos que amenaza con echar por tierra las esperanzas puestas en este caso. La juez de Nueva York que instruye la demanda española contra la American Bureau of Shipping (ABS), la empresa que certificó en 2001 y 2002 que el petrolero era apto para navegar y a la que España reclama 1.000 millones de dólares por su responsabilidad en el siniestro, estudia una petición de la clasificadora que podría invalidar el procedimiento y dejar al Gobierno español sin su mejor baza judicial para recibir una indemnización por el accidente. Los abogados de ABS han emplazado a la juez a decidir qué legislación aplicará para resolver la demanda: la estadounidense, por ser el país en el que se instruye el proceso; la española, por ser el lugar en el que ocurrieron los hechos; o la de Bahamas, país de abanderamiento del Prestige.
La decisión será crucial para el futuro del proceso ya que si la juez acepta la petición de ABS y aplica la legislación de Bahamas -algo legítimo aunque poco habitual según las fuentes jurídicas consultadas- la defensa de la clasificadora tendría derecho a acogerse a la "inmunidad soberana" que rige en este país. Es decir, que en la práctica el caso no podría ser juzgado en Estados Unidos. Bahamas cuenta con una normativa muy proteccionista para sus buques lo que la convierte, además de en un paraíso fiscal, en un país muy atractivo para los armadores. Por eso, si la juez de Nueva York decide aplicar en la demanda contra ABS la ley de Bahamas, la estrategia española y las esperanzas depositadas en este proceso no tendrían futuro. En cambio, si se decanta por aplicar la normativa estadounidense o la española, muy similares en materia de contaminación como explica la Abogacía del Estado, la causa seguiría su curso y debería quedar "vista para sentencia" en cuestión de meses.
Se trata de la última baza legal que se juega ABS para tratar de impedir un procedimiento que en los últimos años no ha dejado de sufrir complicaciones. La primera, en 2004, cuando los abogados de ABS contraatacaron demandando en EEUU a España por las consecuencias que tuvo su gestión del accidente, una petición que fue rechazada por defectos de forma y falta de jurisdicción.
El segundo y mayor revés se produjo en enero de 2008, cuando atendiendo a un recurso de ABS, la misma juez que instruye ahora el caso se declaró no competente para dirimir la demanda. España recurrió la decisión y en junio se le dio la razón por lo que el caso sigue adelante.
.gif)
