M. V. | SANTIAGO
Casi siete años después de la peor catástrofe medioambiental sobre las costas gallegas, el Prestige sigue siendo un caso abierto. Tras sufrir múltiples reveses judiciales y superar incontables obstáculos legales y logísticos que eternizaron la fase de instrucción, el Juzgado número 1 de Corcubión emitió el pasado marzo el auto que abría la puerta al juicio oral. Más de 2.000 partes personadas, 70 abogados, 264.000 folios y sólo cuatro imputados. Son las cifras de un macroproceso que se celebrará en la primera mitad del próximo año y que pondrá a prueba la capacidad de la Justicia para dictar una sentencia ejemplarizante en un caso de contaminación marítima.
Aunque la atención mediática se ha centrado en los últimos años en el procedimiento que se sigue en Corcubión lo cierto es que el accidente del petrolero también mantiene otros dos procedimientos en paralelo. El más conocido es el de EEUU, otro caso complejo y con polémica en el que el Gobierno español ha invertido muchos esfuerzos y grandes sumas de dinero.
Unos 30 millones de euros se ha gastado hasta la fecha el Ejecutivo en dar forma a su demanda en EEUU contra ABS, una cantidad exorbitante sobre todo teniendo en cuenta los sucesivos altibajos que ha sufrido la causa y que en varias ocasiones amenazaron con llevar al traste sus planes. El último revés se produjo a principios de 2008, cuando la jueza de Nueva York que instruye el caso desestimó la demanda española al entender que dicho tribunal no era competente para atender la reclamación del Gobierno. Afortunadamente para los intereses españoles, la Justicia norteamericana dio marcha atrás en su decisión y antes del verano el Tribunal de Apelación de Nueva York aceptó el recurso español.
La tercera vía judicial abierta se dirime en Estrasburgo. Hasta ahí llegaron los abogados del capitán Apostolos Mangouras en su demanda contra España por el trato dispensado al marino griego tras el accidente. La elevada fianza que se le impuso -tres millones de euros- unida a los 83 días que pasó en la cárcel de Teixeiro motivaron la reclamación de Mangouras ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE). En un primer momento, el TDHE avaló la actuación de España pero el pasado 23 de septiembre la Gran Sala celebró una vista para atender el recurso de Mangouras de modo que la suya será la primera decisión judicial firme sobre el Prestige.
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