REDACCIÓN | A CORUÑA "No todos los litigios tienen que ser resueltos por los tribunales". Bajo esta premisa, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, reclamó ayer la creación de una ley autonómica de mediación para resolver procedimientos de familia y menores, pero también pequeños conflictos vecinales e incluso en el ámbito de la pequeña empresa.

El objetivo de la nueva norma pasaría por la mediación y el arbitraje "diferenciando" entre el acceso a la justicia y a los tribunales. A través de los programas de mediación, como el que se puso en marcha este año en el juzgado de Primera Instancia Número 6 de Santiago, se han resuelto separaciones en menos de un mes para evitar perjuicios a hijos menores. El porcentaje de acuerdos alcanzados en los asuntos en los que se aceptó la mediación llegó al 50%, según destacó el fiscal jefe, pese a la "novedad" del proyecto.

Durante su presentación en el Parlamento gallego de la Memoria de la Fiscalía de Galicia correspondiente de 2008, Carlos Varela instó a la Administración a renovar el convenio suscrito en enero por la anterior Vicepresidencia da Igualdade con el Ministerio Fiscal, el Colegio Oficial de Psicoloxía y el Colegio Oficial de Abogados de Santiago y "extenderlo" a otras provincias.

"Posición de vanguardia"

"Hacerlo colocaría a Galicia en una posición de vanguardia en la implantación de la mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos", aseguró antes de resaltar el "éxito" de la aplicación de este tipo de medidas en los problemas que afectan a menores. "En un 95% de los casos, los menores sometidos a mediación no vuelven a reincidir", argumentó ante los tres grupos con representación en el Parlamento gallego.

El fiscal superior destacó además que esta "justicia de base" permitiría dar una salida "más rápida y eficaz" a todo el volumen procesal de "litigación en masa" y de "baja intensidad" que -reiteró- "colapsa" actualmente los tribunales de justicia. "Nos permitiría hacer frente a la morosidad, que actualmente es el principal factor de crisis de la Justicia", concluyó.

Los tres grupos parlamentarios coincidieron con la visión de Varela y la necesidad de habilitar "medios alternativos" a los tribunales para la resolución de conflictos. "La justicia va más allá de los jueces, es un servicio público fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos", dijo la socialista Beatriz Sestayo. Sestayo reivindicó también las iniciativas presentadas por su grupo con el fin de potenciar la mediación en Galicia y criticó al PP por "oponerse y acusar al PSdeG de querer pactar con delincuentes". "La postura del PSdeG, tan amigo de la intervención pública, es sorprendente", replicó la parlamentaria popular Paula Prado.

La memoria de la Fiscalía revela que el total de procedimientos penales incoados en 2008 en Galicia fue de 249.770, lo que supone un aumento interanual de 37.620 procedimientos, equivalente a un incremento porcentual del 17,73% con respecto al anterior ejercicio.