REDACCIÓN | SANTIAGO
La secretaria de Medio Ambiente del PSdeG, Carmen Gallego, denunció ayer que el anteproyecto que pretende regular el consumo de agua en Galicia "no es realmente una ley" sino "una excusa de Núñez Feijóo" para incrementar su precio "hasta en un 140%". En opinión de los socialistas, el texto responde al "puro afán recaudatorio" del jefe del Ejecutivo autonómico, por lo que criticó "la doble vara de medir" de los populares. "Cuando gobiernan suben los impuestos y cuando están en la oposición piden que se bajen", señaló.
En esta dirección y rodeada por alcaldes socialistas de las cuatro provincias, Gallego reprobó la "utilización" de los concellos como "cobradores", ya que la ley, según aseguró, hará que sean los regidores "los que pongan la cara".
El texto que la Xunta prevé remitir al Parlamento el próximo mes de diciembre, añadió, "sólo cambia" el nombre del actual canon de saneamiento para crear una nueva tasa que desde su punto de vista constituye "una disculpa de Feijóo" para "subirle el agua a los ciudadanos, en algunos casos, más del doble o del triple". "En un momento de crisis como el que vivimos", apostilló. Según los cálculos de la diputada socialista, la Xunta prevé subidas en la tarifación de hasta el 140% en los tramos más altos de consumo, lo que equivale a pagar el metro cúbico de agua "a un precio equivalente al que se extrae de plantas desaladoras".
Así, vio en el texto "una mentira" ya que "no induce al ahorro", como obliga la directiva marco del agua de la Unión Europea. Al contrario, Carmen Gallego criticó que establezca que el primer tramo del consumo de agua -de cero a dos metros cúbicos por persona- sea "también gratuito" para los "grandes consumidores", pues "eso no es conducir al ahorro".
Rechazo al anteproyecto
Por todo ello, advirtió de que "la Xunta no va a contar con el apoyo del PSdeG" en la tramitación del anteproyecto, y le instó a "retirarlo" y presentar otro nuevo "a todos los sectores afectados". "No vamos a ser cómplices de su interés recaudatorio", subrayó, para reivindicar un "diálogo" en la elaboración de la norma.
Para Gallego, la nueva tarifa "no es justa, ni equilibrada", pues "olvida a un 30% del territorio gallego", la Galicia rural, que disponen de "traídas que sostienen ellos mismos".