A. C. | LUGO
Como en las redadas recientes de Palma de Mallorca o las escenas vividas en unos cuantos pueblos de Levante, sólo que aquí, en el pequeño municipio lucense de Castro de Rei, de tan sólo 5.800 viviendas, lo que da de comer es la ganadería y el sector primario en general y no el ladrillo. Su alcalde, el socialista Juan José Díaz Valiño, engrosó ayer el nutrido listado de regidores detenidos, en su caso por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en adjudicaciones realizadas por su equipo. Con él, otros dos de sus tres ediles, Ana Canto y Francisco Balado, y un miembro de Terra Galega (Tega), Roberto Lorenzo, con el que el PSdeG gobierna en coalición.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía de Galicia los detuvo en sus domicilios a primera hora de la mañana para que estuvieran presentes durante el registro realizado durante más de cuatro horas en el edificio del concello. Los agentes revisaron, según fuentes judiciales, "numerosos expedientes" , hicieron fotocopias y se llevaron hasta once cajas con documentación.
Secreto de sumario
La operación está dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, muy conocida porque en sus manos está también el caso de las presuntas anulaciones de multas en la Jefatura Provincial lucense. Una investigación que le costó el cargo al propio jefe del departamento, Julio González, y al Subdelegado del Gobierno en la provincia, Jesús Otero, además de la imputación de varios cargos socialistas.
Los detenidos en Castro de Rei permanecían a última hora de ayer en los calabozos de la Comisaría de Lugo a la espera de que la juez, que decretó el secreto de sumario, les tome declaración, probablemente hoy.
Tanto el cuarto concejal socialista en el municipio, Manuel Saavedra, como los dos ediles nacionalistas -que apoyaron en 2007 la investidura de Díaz Valiño como alcalde, aunque no se incorporaron al Ejecutivo local hasta el pasado verano- piden prudencia y dan su respaldo a los detenidos a la espera de que se tengan más datos de lo que ha sucedido. El Bloque, de momento, rechaza asumir las riendas del consistorio.
El Partido Popular reclama explicaciones al líder de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, y a Ricardo Varela, secretario del partido en Lugo, por "colocar" en su equipo -el regidor de Castro lleva también los asuntos de política local en la Ejecutiva provincial- a un "alcalde sospechoso" de prevaricación.
El PSdeG arremete contra la acusación de los populares por la "desfachatez" de acusar "sin que hayan confirmado las imputaciones" y porque el PP sí tiene "en la cárcel" militantes por "uso fraudulento de fondos públicos".
La operación judicial en el Ayuntamiento de Castro de Rei se trasladó horas más tarde al municipio limítrofe de Cospeito. Durante el registro de este consistorio, gobernado por el PP, los agentes se incautaron de diversa documentación pero, al contrario que en Castro de Rei, sin que se produjeran detenciones.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, ordenó el registro del Ayuntamiento Cospeito tras hacer lo mismo en el de Castro de Rei, que comenzó a primera hora de la mañana y terminó en torno a las 14.00 horas con cuatro detenidos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Fuentes municipales consultadas por Europa Press indicaron que los agentes que acudieron al consistorio de Cospeito requirieron documentación relativa a la Mancomunidade da Terra Chá.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo que ordenó la operación es el mismo que investiga desde hace varios meses las supuestas irregularidades cometidas en la tramitación de decenas de expedientes sancionadores en la jefatura provincial de Tráfico de la ciudad. En este caso, el juzgado trata de esclarecer si existía una trama que dejaba prescribir las multas a cambio de dinero, una investigación que salpicó directamente al entonces responsable de Tráfico en Lugo, Julio González, que implicó durante su declaración ante la juez al subdelegado del Gobierno en la provincia, Jesús Otero. En total, unas 100 personas están imputadas en el caso, entre ellas, varios alcaldes, concejales y cargos de la Diputación Provincial de Lugo.
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