JUAN CALVO | CANGAS
Algo más de dos meses después de que un grupo de clientes de la agencia de seguros que regentaba Pilar Pérez en Cangas denunciara públicamente una supuesta estafa en seguros y fondos de inversión que superaban los 20 millones de euros, la Guardia Civil detuvo el pasado día 20 a la citada mujer, así como a su marido (A.L.M., de 53 años) y a su hija (R.L.P., de 28 años). Las conclusiones de la Policía Judicial de Pontevedra, sin embargo, no se dieron a conocer hasta ayer, ocho días más tarde de que Pilar Pérez ingresara en prisión y de que su marido e hija fueran puestos en libertad con cargos por el titular del juzgado número 3 de Cangas. La Guardia Civil constata que, hasta el momento, la estafa afecta a 12 personas y que puede superar los 2 millones de euros. Sin embargo, en las asambleas de afectados había muchas más de 12 personas, de hecho en el grupo de afectados que decidió realizar una denuncia conjunta por estafa contra Pilar Pérez a finales de agosto supera ya las 20 personas, según su portavoz, José Luis Caiño, que además aseguró También afirma que la cantidad de 2 millones de euros le parece pequeña, ya que un solo empresario aseguraba haber perdido 800.000 euros con Pilar Pérez.
Esta vecina de Bueu, de 50 años, que hace una década ostentó cargos de dirección en el PP de Bueu, regentaba dos agencias en Cangas y Marín, donde captaba los clientes. La investigación comenzó en julio, cuando un vecino de Cangas denunció que había sido engañado en el trámite de unos fondos de inversión por valor de 726.000 euros. En el caso de Caiño, fue gracias a un control de la Guardia Civil por el cual se descubrió que el seguro que había contratado para su automóvil no estaba de alta, pese a que tenía los recibos de la agencia.
Según las investigaciones, la detenida ofrecía a sus potenciales clientes varios productos financieros, básicamente fondos de inversión, con una rentabilidad del 10%, que especificaba, la mayor parte de las veces, con documentos falsos. Según la Guardia Civil, esta actividad, que realizaba supuestamente desde 2005, "le permitió la captación de una importante cartera de clientes y, sobre todo, un notorio incremento patrimonial que le permitió la adquisición y compra de varios inmuebles, entre ellos un lujoso chalet en Bueu, vehículos y la constitución de varias sociedades comerciales con cuatro tiendas de ropa y dos restaurantes". El modus operandi responde a un esquema piramidal: utilizando parte de las aportaciones de unos inversores satisfacía los pagos de los rendimientos a los otros. Hasta que en mayo saltó la alarma cuando la oficina de la aseguradora en Cangas cerró sin previo aviso y sin contactar con los clientes. Además del delito continuado de estafa se le imputaron otros cargos de falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio (por la construcción de un chalet sin la preceptiva licencia) y desobediencia grave (negarse a paralizar la obra cuando fue requerido).
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