R. P. | A CORUÑA
La Xunta ha abierto un nuevo conflicto de competencias con el Gobierno central. A razón de uno al mes. Desde el pasado 25 de junio, día en el que el Gobierno de Feijóo aprobó el primer requerimiento de incompetencia al Ejecutivo de Zapatero, la Xunta ya ha formulado cuatro recursos al entender que el Estado invade competencias de la comunidad autónoma. El último litigio entre ambas Administraciones, y por el que el Gobierno gallego presentará un nuevo requerimiento de incompetencia, parte de una orden de junio por la que el Ejecutivo central convocó subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.
"Otra vez, lamentablemente, el Gobierno gallego no está de acuerdo", sentenció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras anunciar un recurso de incompetencia contra la resolución del pasado mes de junio sobre ayudas a inmigrantes. En la orden aprobada por el Gobierno central se convocaron subvenciones dirigidas a municipios, mancomunidades y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.
Ayuda inconstitucional
Según fuentes de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza -departamento que se encarga de la revisión de la normativa legal que pueda colisionar con las competencias propias de Galicia- la resolución "tiene como objetivo la asistencia social", una competencia -argumentan- "exclusiva" de la comunidad autónoma. El departamento dirigido por Alfonso Rueda entiende que la convocatoria de ayudas en materia de inmigración es inconstitucional en su conjunto por "obviar totalmente" la actuación de la Xunta y que subsidiariamente, hay invasión de competencias en varios artículos y anexos de la norma.
El Ejecutivo de Feijóo espera que el Gobierno de Zapatero no haga oídos sordos al nuevo requerimiento. De lo contrario, recurrirá al Tribunal Constitucional. "Los Estatutos de Autonomía están para ser cumplidos. Me sorprende que haya quien quiera uno nuevo cuando no se cumple el que tenemos", sentenció Feijóo tras la reunión del Consello de la Xunta.
En el caso de que el recurso sea resuelto de forma favorable, tal y como ocurrió en resoluciones anteriores, la Consellería de Presidencia aclaró ayer que será sin perjuicio alguno para los posibles beneficiarios. Los afectados no tendrán que devolver las ayudas asignadas pero la resolución deberá ser tenida en cuenta para evitar futuras convocatorias que invadan competencias autonómicas.
En total, ya son cuatro los requerimientos de incompetencia promovidos por el Gobierno de Feijóo, que tomó posesión el pasado mes de abril. El primero, sobre la orden de subvenciones en materia educativa, fue aceptado por el Gobierno central el pasado 24 de julio, al considerar que es posible mejorar la convocatoria de subvenciones para realizar actividades para alumnos con necesidades de apoyo escolar. Otro de los conflictos de competencia abiertos por la nueva Xunta hace referencia a un real decreto sobre la gestión de residuos mineros. A mediados del pasado mes de septiembre, la Xunta decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal, después de que el Estado no aceptase sus quejas por invasión de competencias.
Aunque la intención inicial era recurrir contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), finalmente ambas Administraciones han abierto un periodo de negociaciones que, por ahora, han paralizado la intención del Gobierno de Feijóo de recurrir ante el Constitucional.
La lista de conflictos entre el Gobierno gallego y el Ejecutivo central no acaba ahí. La Xunta también presentó un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Estudio Estratégico Ambiental del Gobierno central que declara que gran parte de la costa gallega es apta para instalar parques eólicos marinos.
Con anterioridad, el bipartito de PSdeG y BNG también había abierto conflictos competenciales con el Ejecutivo de Zapatero. Hace dos semanas, el Constitucional emitió una sentencia en la que da la razón al anterior Gobierno gallego y declara nulos 15 artículos del decreto estatal que regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, al entender que la competencia afectada corresponde a la comunidad.
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