Lista de espera en la Justicia

Los juzgados gallegos acumulan más de 166.000 asuntos sin resolver, un 15% más que en 2007

 
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R. P. | A CORUÑA Las listas de espera en la Justicia, son peores que en el Sergas. Jueces y magistrados coinciden en que la radiografía actual de la Administración de la Justicia es "caótica". Una situación de congestión y atraso judicial que en los últimos meses se ha visto agravada por la crisis. La bolsa de asuntos pendientes en los juzgados gallegos volvió a incrementarse el año pasado. Hasta 166.465 asuntos sin resolver, un 15% más de los casos pendientes que tenía Galicia a finales de 2007.

La petición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para 2010 ya está sobre la mesa del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, reclama para el próximo año 16 nuevas plazas de magistrado y 20 juzgado más, nueve de ellos en la provincia de A Coruña -tres de primera instancia, otro de instrucción y otro de lo Social en Santiago; y el número 4 de Betanzos-. Pero una vez más, las demandas del Alto Tribunal gallego exceden con mucho los ocho o nueve órganos judiciales que cada año crea el Gobierno en la comunidad. Un año más, muchas de las peticiones que proceden de Galicia seguirán en lista de espera.

Según los datos de la memoria del TSXG, Galicia cerró el año 2008 con un total de 166.465 asuntos sin resolver, un total de 21.750 casos más que el año anterior. Uno de los órganos judiciales que acumula más atraso es el TSXG. El Alto Tribunal cerró 2007 con 21.332 asuntos en tramitación, pero en 2008 la cifra de casos pendientes se disparó a más de 28.000. Este balance supone el 17% de todos los asuntos sin resolver en los órganos judiciales gallegos, un dato que devuelve al Tribunal de Xustiza a los niveles de atraso que registraba hace diez años, cuando arrastraba más de 29.000 casos en tramitación.

Por jurisdicciones, los juzgados contencioso-administrativos, civiles y sociales fueron, por este orden, los que dejaron más casos sin resolver en 2008. La causa, fundamental, es el efecto de la crisis que aumentó la litigiosidad relacionada con conflictos laborales y deudas.

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