M. VÁZQUEZ | SANTIAGO
La crisis de las vacas locas marcó un antes y un después para el sector ganadero. La aparición de los primeros casos en Galicia a finales del año 2000 coincidió con una oleada de cambios legislativos que afectaron directamente al modo en el que los ganaderos gallegos trataban los restos animales. Frente al método tradicional, que consistía en enterrar los cadáveres en la propia explotación y sin notificación previa, la UE creó un nuevo protocolo de actuación que obligó a los Estados miembros a hacerse cargo de todo este material. A la prohibición del enterramiento de cadáveres de animales en 2001 se sumó un año después el reglamento comunitario que clasifica los subproductos cárnicos en tres grupos diferentes en función del procesamiento que deben recibir y del destino que se le puede dar al material resultante.
La peor crisis alimentaria en la historia de Galicia creó de esta forma necesidades nuevas en el sector agroganadero y con ellas, también una oportunidad de negocio. En noviembre de 2005, superados ya los peores efectos de la enfermedad, la empresa gestora de Subproductos de Galicia (Gesuga) abrió la primera planta privada dedicada al tratamiento de residuos animales no destinados al consumo humano.
Aunque la mitad de las toneladas que procesa Gesuga en sus instalaciones proceden de explotaciones, también tratan restos animales de mataderos y carne interceptada en Aduanas. La empresa se encarga de todo el procedimiento, desde la recogida del animal en la granja, pasando por el transporte y el tratamiento posterior. Una vez en la planta, todos los desechos se juntan y como primer paso se tritura. A continuación se cuece, se deshidrata y el material resultante se vuelve a someter a un procedimiento de esterilización para eliminar todos los agentes patógenos. Por último, se separan las grasas de las harinas, y en este último caso se envían a sementeras de fuera de Galicia para que se ocupen de su eliminación. En total, la planta de Gesuga procesa unas 40.000 toneladas al año, aunque como matiza la gerente Marianela Rodríguez no todas con la misma rentabilidad.
"Todo depende del tipo de mercancía, del porcentaje de grasas que tenga el animal, de si la carne está muy deteriorada... Con unos pierdes dinero y con otros lo ganas", explica Rodríguez. Y es que las diferencias de rentabilidad empiezan desde el momento en el que el animal abandona la granja. "No es lo mismo recoger dos vacas de 800 kilos que ir a una granja avícola y llenar el camión con 100 kilos", dice.
No obstante, Rodríguez aclara que para calcular la rentabilidad "no sólo cuentan los kilos, sino también las dificultades para su procesamiento y el material que se puede aprovechar" ya que, recuerda, las grasas resultantes se utilizan como biocombustible en la propia planta. Los cadáveres de aves, por ejemplo, se degradan enseguida lo que dificulta su tratamiento posterior y a las ovejas hay que sacarles también la lana al estar considerado material de riesgo.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el precio del tratamiento de los animales fallecidos en granjas los fija la Administración, lo que les da menos margen de maniobra; mientras que en el caso de los mataderos, la tarifa se establece mediante un acuerdo privado.
Aunque inicialmente Gobierno y Xunta asumieron los costes de la recogida y eliminación de estos restos, ahora son los propios ganaderos los que se encargan de pagar este servicio. Se calcula que desde el año pasado más del 90% del sector en Galicia ya tiene una póliza para cubrir este tipo de gastos. Asegurar una sola vaca cuesta al año entre 1,9 y 3 euros; un cerdo, entre 0,71 y 3 euros; y un ave entre 0,001 y 0,004 euros.
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