REDACCIÓN / P. MERA | A CORUÑA
La crisis sigue haciendo mella en la economía gallega, incluida la de los ayuntamientos. Hasta tal punto, que algunos consistorios corren el riesgo de no poder pagar las nóminas de los trabajadores municipales. Así lo advirtió ayer el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, según el cual la práctica totalidad de los 315 ayuntamientos de Galicia tienen dificultades para afrontar el día a día.
Fernández, que estuvo en Lugo en la presentación del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, no ocultó que la actual situación económica está obligando a los ayuntamientos gallegos a realizar "maravillas", incluso para pagar las nóminas. Según dijo a Efe el máximo representante de la política municipal gallega, los ayuntamientos que destinan los ingresos mensuales que reciben del Estado al pago de nóminas "nunca" tendrán problema de pagos a personal, mientras esos ingresos se dediquen e esta especificidad.
Sin embargo, sí apuntó que hay otros municipios, por el principio de caja única, que "tienen que ir pagando un poco de todo" y que sí "pueden llegar a tener dificultades con las nóminas". Para Fernández, esta es una situación perfectamente entendible, ya que los entes locales reciben cada vez menos dinero por todas las vías, especialmente la de la recaudación por impuestos, y, sin embargo, tienen que afrontar los mismos gastos. "Esto hace que tengamos una situación marcadamente difícil. A partir de ahí, cada economía de cada ayuntamiento tiene sus particularidades", concretó. En este sentido, el presidente de la Fegamp reconoció que habrá ayuntamientos que se encuentren "tan asfixiados" económicamente que "ni siquiera podrán mantener ese pago primero obligado que es el de la nómina". "Las dificultades están ahí y son evidentes", concluyó Fernández.
El frenazo en el sector de la construcción es el principal motivo de la caída de ingresos en los ayuntamientos gallegos: ya en en 2008 los ayuntamientos gallegos ingresaron un 30% menos que el año anterior por tasas e impuestos como el IBI. Esta situación ha obligado a las Administraciones a exprimen las medidas anticrisis.
. Recortes de personal. Tal y como advirtió el propio Carlos Fernández en verano, cada vez hay más municipios que congelan su plantilla o incluso despiden personal.
. Nuevos impuestos. Los concellos de Pontevedra por los que pasa la AP-9 hicieron un frente común para exigir a Audasa que les pague el 100% del impuesto correspondiente; la Diputación asesora a los de A Coruña para que también denuncien a Audasa. El canon eólico también fue presentado por la nueva Xunta como un colchón financiero para los municipios donde haya parques, igual que el impuesto a las telefónicas por las antenas.
. Créditos especiales. 34 municipios gallegos (17 de ellos de A Coruña) se acogieron al decreto aprobado en abril por el Gobierno central que permitía a los concellos ya endeudados pedir un crédito extra, con condiciones especiales de financiación, para salir del agujero.
. Ayudas para pagar la luz. El Instituto Enerxético de Galicia (Inega) subvencionará el 70% de la instalación de nuevas farolas y semáforos de bajo consumo, para reducir la factura de la luz municipal en un 60%. Varios municipios de Pontevedra se aliaron para contratar juntos la luz al mismo proveedor.
. Subvenciones directas. La Xunta repartirá un millón de euros entre los 119 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, para ayudarlos a afrontar sus gastos corrientes; y la Diputación de A Coruña, otros 12 millones para nóminas.
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