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PAULA PÉREZ | SANTIAGO La histórica demanda del Gobierno gallego para hacerse con la titularidad de la Autopista del Atlántico se complica. Un mes después de que el secretario de Estado de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, mostrara su disposición a constituir una comisión de expertos para empezar a analizar el traspaso de las dos autopistas interiores de Galicia -la AP-9 y la AP-53-, el ministro de Fomento, José Blanco, puso en duda la viabilidad de una de estas operaciones.
Aunque no hay ningún obstáculo por parte del Gobierno para transferir a Galicia la titularidad de la AP-53 entre Santiago y Dozón, no ocurre lo mismo con la demanda de la Xunta de asumir la gestión de la Autopista del Atlántico, principal vía vertebradora de Galicia y una de las 17 demandas competenciales que trasladó la Xunta al Gobierno hace apenas un mes. El ministro de Fomento, José Blanco, manifestó ayer sus "dudas" sobre esta transferencia alegando que la AP-9 cumple una "función estatal" ya que es un acceso internacional a Portugal y afecta a "grandes núcleos de población".
A pesar de que el ministro ya se había mostrado partidario en varias ocasiones de posponer el traspaso de la AP-9 a Galicia, ésta es la primera vez que reconoce abiertamente sus reticencias a hacer efectiva la cesión.
Durante la primera reunión entre el titular de Fomento y el presidente de la Xunta a finales de junio, Feijóo le trasladó a Blanco su intención de reclamar la titularidad de las dos autopistas interiores de Galicia. La reacción del ministro gallego ante ambas demandas fue muy diferente aunque en ningún caso cerró la puerta a negociar la transferencia a la Xunta de la AP-9. Así, mientras se comprometió ese mismo día a crear una comisión para empezar a estudiar la cesión de la AP-53, Blanco pospuso el inicio de las conversaciones sobre la Autopista A Coruña-Vigo hasta que se completara la venta de la concesionaria Itinere y se completaran las obras de ampliación de la AP-9 más urgentes, es decir, la ampliación de Rande y de los accesos a Santiago.
Lo que parecía un problema de plazos y de oportunidad, adquiere ahora un cariz distinto ya que José Blanco plantea una objeción difícil de resolver ante el traspaso que reclama la Xunta. Aunque ayer también se mostró dispuesto a "negociar", el ministro de Fomento dejó claro que no se trata de una vía que transcurra sólo por Galicia, como ocurre con la AP-53, y por esta razón, manifestó sus reticencias a autorizar un traspaso autonómico.
En todo caso, como planteó ya el pasado verano, lo prioritario para el Ministerio de Fomento sigue siendo acometer las obras necesarias en la AP-9 para garantizar una "mayor fluidez de tráfico" y "un mejor servicio a los ciudadanos". El Gobierno central tiene pendiente una ampliación de esta autopista tanto en Rande como en los accesos a las grandes ciudades, empezando por la de Santiago.
En cuanto al transporte de mercancías, Blanco criticó la "mala planificación" de la red gallega del AVE, ya que cuando se diseñó no se proyectó una conexión con los aeropuertos. Su intención es que antes de finalizar el año se convoque una conferencia sectorial "para diseñar un mapa del transporte ferroviario de mercancías" en toda España.
Durante su visita a Santiago para firmar con Xunta y Ayuntamiento el convenio sobre la estación intermodal de la capital gallega, el ministro se ofreció a trabajar con el Ejecutivo autonómico para implantar un tren de cercanías en Galicia, pero siempre y cuando exista una demanda de viajeros que justifique la creación de este servicio. Blanco dejó claro, en todo caso, que hay que ser "comedidos" con la creación de nuevas infraestructuras. "Hay que hacerlas cuando se necesiten", apuntó al ser cuestionado sobre la demanda de la Xunta de crear en Galicia un tren de cercanías, propuesta respaldada por un importante movimiento social. Otro ejemplo fue el AVE del Cantábrico que, como ya había manifestado en otras ocasiones, "no es prioritario", a pesar de que sí se mostró partidario de mejorar las líneas del FEVE.
"No todo el mundo puede tener de todo porque sino se hace insostenible", explicó. Según explicó, a partir del año 2020 el debate en España ya no será "cuántas infraestructuras se van a hacer sino cómo se van a mantener las que ya existen". Como prueba señaló que el funcionamiento de las líneas de AVE ya existentes cuestan cada año al erario público 400 millones de euros.
Por esta razón, el ministro advirtió de que está dispuesto a negociar con la Xunta la creación de un tren de cercanías "cuando venga justificado por la demanda".
En cualquier caso, la "prioridad" de Fomento es culminar la red gallega de alta velocidad en el plazo previsto. "Cumpliremos nuestro objetivo", señaló en relación al Pacto do Obradoiro suscrito con la Xunta este verano para blindar las inversiones para el AVE. "Feijóo ha manifestado que mi gestión le parece positiva. Espero que esa actitud no se tambalee", manifestó.
Además, en relación a las dudas sobre la futura convivencia entre el AVE y los tres aeropuertos gallegos, Blanco explicó que, según sus estudios, el tren de alta velocidad no reducirá el tráfico aéreo en Galicia sino que, lejos de ser así, permitirá "sumar sinergias" con los aeropuertos a partir del año 2015.
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