REDACCIÓN | A CORUÑA El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo formulará al Ejecutivo estatal su quinto requerimiento de incompetencia en seis meses, en este caso por entender que el Estado invade las atribuciones de la comunidad con una resolución para conceder ayudas a entidades y ONG que realicen actividades privadas relacionadas con el patrimonio natural y la biodiversidad.

El Gobierno gallego considera "inconstitucional en su conjunto" la resolución del 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, porque establece una convocatoria de ayudas que le correspondería efectuar a la Xunta, puesto que el Estatuto de Autonomía reconoce a la comunidad la competencia exclusiva para dictar "normas adicionales sobre protección del ambiente y del paisaje".

Asimismo, apela a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que, en materia medioambiental, "la regla general es la gestión autonómica".