El Gobierno sólo creará un tercio de las unidades judiciales que pidió el Superior

La Xunta y el Alto Tribunal gallego se reunirán el viernes para consensuar dónde se deben ubicar los nuevos órganos en función de las necesidades de la planta judicial gallega

 
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Alfonso Rueda, izquierda, durante la conferencia sectorial de Justicia celebrada ayer en Madrid. / la opinión
Alfonso Rueda, izquierda, durante la conferencia sectorial de Justicia celebrada ayer en Madrid. / la opinión 

M. VÁZQUEZ | SANTIAGO La planta judicial gallega se verá reforzada el próximo año con nueve juzgados más y otros dos magistrados, un incremento que no cubrirá ni de lejos las necesidades más acuciantes de la Justicia en la comunidad. Según el último diagnóstico del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), Galicia necesita con urgencia 36 nuevas unidades judiciales para poder afrontar la actual carga de trabajo y paliar la bolsa de asuntos pendientes que arrastran muchos órganos gallegos. La previsión del Gobierno para 2010, sin embargo, reduce esta cifra a 11 nuevos órganos, nueve de ellos juzgados y dos plazas para jueces de adscripción territorial o volantes, una nueva figura vinculada a la reforma de la Oficina Judicial que servirá para reforzar temporalmente aquellos órganos que más lo necesiten con magistrados de carrera en lugar de sustitutos.

Los planes del Gobierno para reforzar la Justicia gallega no cubren las expectativas del TSXG ni de la propia Xunta, que como aclaró el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, defendió ante el ministro de Justicia en la reunión celebrada ayer en Madrid que Galicia necesita "36 nuevos órganos". No obstante, el conselleiro asumió el reparto de unidades judiciales anunciado por Francisco Caamaño como "el número que podía darse este año", a pesar de reconocer que esperaba que Galicia consiguiese "un juez más de adscripción territorial".

La Justicia gallega, pese a todo, recibirá el año que viene su refuerzo más importante desde 2005, cuando el Ejecutivo de José María Aznar acordó la creación de 16 nuevas unidades judiciales en la comunidad. Desde entonces, el ritmo de crecimiento de la planta judicial gallega ha sido bastante menor: cinco juzgados nuevos en 2006, seis en 2007, siete durante 2008 y nueve este año.

El próximo año en Galicia se crearán 11 nuevos órganos, aunque el conselleiro de Presidencia reconoció que no descarta conseguir alguno más si otras comunidades con una Justicia menos saturada renuncian a alguna de las unidades que le corresponden en la programación anunciada ayer por el ministerio. En total, el Gobierno se comprometió a poner en marcha 150 nuevos juzgados y 50 jueces de adscripción territorial, cumpliendo así el objetivo incluido en el Plan de Modernización de la Justicia de crear en los próximos tres años 600 unidades judiciales.

En cualquier caso, todavía habrá que esperar unos días para saber dónde y a qué jurisdicción irán a parar estos refuerzos, una decisión que en el caso de Galicia, la Xunta someterá a consultas con el TSXG. Precisamente, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, señaló que este viernes se reunirá la Comisión Mixta de Xustiza -que integran miembros de la Xunta y el órgano de Gobierno del TSXG- para acordar la ubicación que recibirán los nueve órganos judiciales y los dos jueces de adscripción territorial comprometidos para 2010 en función de las prioridades.

Durante la conferencia sectorial de Justicia celebrada en Madrid, con todo, no sólo se habló del reparto de unidades judiciales para el próximo ejercicio. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas acordaron estudiar la reforma del sistema de asistencia legal gratuita ante los abusos detectados en su uso y con el objetivo de mejorar la calidad de este servicio. Aunque el ministro eludió precisar si esta asistencia legal se condicionará al nivel de renta de los ciudadanos, Alfonso Rueda confirmó que "todas las comunidades están de acuerdo en que la justicia gratuita debe ser para quien la necesite".

Por otra parte, Caamaño informó del interés de las comunidades en que se les transfiera la gestión del personal de la Administración Judicial con el fin de acompasar la reordenación de sus recursos.

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