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A. MÉNDEZ | A CORUÑA José Romero-Amich apuesta por simplificar la normativa urbanística y modificar las leyes hasta garantizar la independencia de los planes generales frente a los criterios políticos.
-¿Cuál es la relación de los arquitectos con las administraciones locales?
-Su presencia en las administraciones públicas está creciendo. Los procesos urbanísticos se han complejizado muchísimo, son muy contestados y no siempre obtienen resultados brillantes, así que cada vez más se necesita personal técnico, expertos que los supervisen.
-¿En qué ha cambiado el papel de los arquitectos municipales en la última década?
-Antes su labor era mucho más sencilla. En los últimos años se ha producido una enorme producción legislativa en todos los ámbitos. Hay demasiadas leyes, algunas se contradicen... Es lo que se llama diarrea legislativa.
-Y será peor en el ámbito urbanístico...
-Desde luego. Tenemos una ley estatal marco y otra autonómica, pero luego el urbanismo es competencia fundamentalmente de los ayuntamientos y son ellos los que con sus planes establecen una ordenación específica, que al mismo tiempo debe ser tutelada por la Xunta. Hay que contar además con carreteras de tres administraciones, terreno portuario, aeropuertos... Una marea de normativas. Con los años, el urbanismo se ha vuelto farragoso, convirtiendo casi en una carrera de obstáculos aprobar un plan urbanístico.
-¿Dónde está la solución?
-Los planes deben volver a los tableros de dibujo. Cuando pasaron a los despachos y las normativas bajaron un peldaño en calidad, y cuando más recientemente llegaron a la política, tocaron fondo. En lugar de mejorar el tejido urbano, cuanto más complicado se hace el urbanismo se posibilita que casi cualquier solución, por aberrante que sea, pueda ser justificada.
-¿A qué se debe la inestabilidad en el urbanismo local?
-Cuando se introducen criterios políticos en los procesos de aprobación de los planes, estos se vuelven inestables. Habría que redactarlos siguiendo criterios exclusivamente técnicos y en base al modelo de ciudad que se busca y no al mero cumplimiento de la normativa.
-¿Qué soluciones proponen?
-Una de las fórmulas que podrían evitar su politización es la obligación de que los planes urbanísticos tuvieran que aprobarse por una amplia mayoría de dos tercios de la corporación. Habría que impedir que un solo grupo pudiera sacarlo adelante. Ese consenso garantizaría que primen criterios profesionales.
-¿Echa en falta más protagonismo de personal técnico?
-Es indispensable. Pero también que esa colaboración de arquitectos se ejerza con libertad y espíritu crítico, desde una óptica meramente profesional e independiente, sin injerencias políticas ni intereses externos.
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