Los sindicatos denuncian que la Xunta sustituye a personal propio por eventuales

Critican que Feijóo apueste por externalizar el servicio de prevención de incendios

 
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M. M. | A CORUÑA Los sindicatos UGT-FSP y CIG Autonómica criticaron ayer la hipocresía del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al defender los servicios públicos para, en la práctica, externalizar servicios como el de extinción de incendios.

En un comunicado conjunto difundido ayer, los sindicatos reprochan que las palabras de Feijóo "se vayan como la lluvia". La Xunta despidió el domingo pasado "a 580 trabajadores fijos discontinuos adscritos al Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais" para contratar a otros 580 trabajadores por medio de Seaga, "con la excusa de que los trabajadores del servicio de protección están para apagar los incendios mientras que los nuevos contratados tienen labores de prevención". "No sabemos muy bien si esta afirmación se debe a que desconocen lo que significa la p, de prevención", ironizan.

Desde la Confederación Intersindical Galega Autonómica y la UGT advierten de que este tipo de actuaciones "incumple el espíritu del acuerdo de condiciones de trabajo y del V convenio colectivo" al despedir a 580 personas para contratar de "manera clientelar" a otras tantas, continúa el comunicado.

Las fuerzas sindicales se preguntan así, "dónde está la famosa estabilidad laboral promulgada por Núñez Feijóo", así como las "grandilocuente declaraciones de defensa de los servicios públicos y del empleo público.

UGT-FSP y CIG instan de esta manera a la Consellería de Medio Rural que dirige Samuel Juárez la contratación "inmediata" de las 580 personas despedidas del servicio de protección para hacer los trabajos necesarios de prevención de cara al año que viene y reclaman a la Xunta el compromiso de que estos contratos fijos discontinuos se conviertan en fijos, dado que en la práctica, "existe carga suficiente de trabajo para mantener el servicio al 100% de sus efectivos" durante los 12 meses. Advierten por último de que, si el Gobierno autonómico no atiende sus demandas, dan por supuesto que "la única realidad es que pretende privatizar los servicios públicos".

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