Los ´malayos´ de Galicia

La corrupción no entiende de colores políticos. La Justicia tiene abiertas 730 causas por prevaricación contra los políticos. La mayoría contra cargos del PSOE (260), frente a los 200 del PP. Del BNG, tres políticos están en el punto de mira de la Fiscalía por presunta corrupción

R. PRIETO | A CORUÑA Galicia no es una isla en el mar de corrupción que salpica a medio centenar de ayuntamientos con un total de 730 causas abiertas contra cargos públicos. Malaya, Gürtel, Palma Arena o Pretoria son las tramas urbanísticas más recientes que sacaron a la palestra a empresarios, funcionarios, alcaldes, concejales e incluso presidentes autonómicos. En Galicia, la Justicia investiga decenas de casos por presunta prevaricación o tráfico de influencias. Uno de las últimas operaciones policiales se llevó a cabo en el municipio lucense de Castro de Rei, de apenas 5. 800 habitantes.

Como en las redadas recientes de Palma de Mallorca o las registros en algunos municipios de Levante, hace un mes la Policía Nacional detuvo al alcalde de Castro de Rei, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales -dos del PSdeG y uno de Terra Galega-. De forma paralela al registro en el Concello de Castro de Rei, en el Ayuntamiento limítrofe de Cospeito -gobernado por el PP- también se recogió documentación referida a aspectos relacionados con contrataciones de personal para la Mancomunidad de Municipios de A Terra Chá.

Con el arresto de Díaz Valiño en Castro de Rei, son ya 18 los alcaldes arrestados en España por corrupción urbanística desde el caso Malaya, investigación iniciada a finales de 2005 y que dio sus primeros frutos en 2006 con la detención de la entonces alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe (GIL).

Lugo y Pontevedra

Apenas una semana después de la detención del alcalde de Castro de Rei, la vicepresidenta de la Diputación de Lugo y máxima responsable del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social, Lara Méndez (PSdeG), fue requerida, junto con otros dos funcionarios provinciales, por la juez para declarar en relación a procesos de adjudicación de obras en Lugo.

En febrero de 2007, dos ediles del PP de Gondomar -Alejandro Gómez Garrido (Urbanismo) y José Luis Mosquera (Cultura)- así como el arquitecto municipal y la novia de Mosquera fueron detenidos por presunto delito de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta relación con sobornos a funcionarios y cobro de comisiones para la concesión de licencias urbanísticas.

La lista de cargos públicos investigados por corrupción incluye también al alcalde de Portas, Roberto Vázquez. Para el registro popular, el fiscal pide dos años de inhabilitación por supuesto trato de favor a sus empresas desde el Ayuntamiento pontevedrés.

Según informó el miércoles el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la Justicia tiene abiertas en España un total de 730 investigaciones a cargos públicos por corrupción. La mayoría afectan a políticos del PSOE (264) frente a las 200 que salpican al PP. Los casos de corrupción no distinguen el color político. Tres políticos del BNG, junto a otros tres del PNV también están siendo investigados. Al igual que otros 43 de Coalición Canaria, 30 de CiU, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal, 7 de Unión Mallorquina y 5 de Esquerra. Con estos estadísticas sobre la mesa, Conde-Pumpido destacó que las investigaciones afectan a tan sólo un 1% de lo de los más de 66.000 cargos públicos en España. Sobre las críticas del PP sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el fiscal general le replicó que "no existe" esa "doble vara de medir" porque no se persigue a los delincuentes por su filiación política, "sino por los delitos que cometen".