DAVID GARCÍA | BUEU
"A illa é nosa!" Con este grito recibieron ayer los vecinos de Ons a los encargados de ejecutar la sentencia judicial que obligaba al derribo de dos viviendas en la isla. Fue casi el último acto de resistencia antes de que las excavadoras entrasen a derribar los inmuebles, que los afectados ya habían vaciado y empezado a demoler con anterioridad. Finalmente fueron los propios medios de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que contrató a la empresa Tragsa, los que echaron abajo las casas y lo hicieron sin cobrar las temidas costas, que ascendían a casi 50.000 euros.
A primera hora de la mañana, dos agentes de la Guardia Civil le comunicaron a los representantes vecinales la disposición de la agencia a realizar este trabajo después de comprobar que los propios dueños lo estaban haciendo por su cuenta. Sin embargo, éstos acogieron con recelo la oferta y antes de aceptarla exigieron garantías de que no se les pasaría la factura. Tras conseguirlo, antes del mediodía los operarios ya estaban vallando el entorno de la casa número 17, la primera hacia la que se dirigieron, y tanto en este caso como en el de la casa número 25, los trabajos se realizaron rápido y se completaron antes de las seis de la tarde.
"Teñen que explicarnos por que nós non podemos arranxar a s nosas casas e sen embargo eles (por Parques Nacionales) poden construir o que queiran. Queren facer o que fixeron en Cíes e botarnos da illa, pero non o van conseguir", gritaban los vecinos. A continuación todo el grupo se dirigió hacia la casa número 17, donde se vivieron los instantes de mayor tensión. "Isto é un abuso. Aquí é onde naceu o meu pai e nós somos isleños de pura cepa", afirmaban los afectados. En este caso, lo que se echó abajo fue una ampliación de unos 60 metros cuadrados y que estaba pegada a la casa matriz, un inmueble centenario. Explicaban entre lágrimas y con un sentimiento "entre rabia e impotencia" que esa obra se realizó para mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda y sobre los restos de un antiguo "cortello". Una cuadra que en realidad en su momento fue la casa primigenia y para lo que aportaron distintas fotografías, que no fueron tenidas en cuenta. "Isto é unha inxustiza, e a culpa é do vixiante de Medio Ambiente, que denunciou a obra ata en 23 ocasións", se lamentaban. Una tercera casa, la del bar O Pirata, también será demolida en los próximos días, aunque será la propietaria la que asuma los trabajos. ESta mujer no dejaba de mostrar ayer su indignación: "É unha obra que fixen en 1983 por seguridade (cerró la terraza) e agora obrigan a que a volva deixar aberta".
"Empezan con unha e logo van vir a polas outras. Agora están dicindo que van vir a levantar acta de todas as casas da illa. O que queren é botarnos de aquí porque máis do 90% das vivendas están na mesma situación que as que están a tirar", decían los vecinos, según los cuales en la APLU hay más de una veintena de expedientes en vía administrativa y con futuro incierto. Sin embargo, desde la agencia dependiente de la Consellería de Medio Ambiente aseguraron ayer que "en este momento sólo hay dos expedientes en vía administrativa" en la isla pontevedresa.
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